El cartismo no consiguió los votos para aprobar la ley que buscaba transferir competencias de la Contraloría al Tribunal de Cuentas.
La Cámara de Senadores no alcanzó los 23 votos necesarios para sancionar la versión que modificaba atribuciones de la Contraloría General de la República. Con apenas 20 adhesiones, el proyecto fue rechazado, quedando firme la redacción menos gravosa aprobada por la Cámara de Diputados.
Los votos a favor provinieron del bloque cartista y de aliados liberocartistas como José Pakova Ledesma, Noelia Cabrera, Hermelinda Alvarenga y Dionisio Amarilla, además del liberal Ever Villalba. La votación concluyó con 3 apoyos al texto de Diputados, 8 abstenciones y 3 senadores que no emitieron voto en ningún sentido.
El proyecto de ley planteaba ampliar las salas del Tribunal de Cuentas de dos a cuatro. Sin embargo, la versión del Senado incorporaba cambios que habilitaban a dicho órgano no solo a tratar juicios contencioso-administrativos, sino también a juzgar cuentas vinculadas al Presupuesto General de la Nación.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Javier Zacarías Irún, defendió la propuesta, asegurando que no se buscaba debilitar a la Contraloría. Argumentó que derivar el juzgamiento al Tribunal de Cuentas daría mayor certeza a administradores públicos frente a presiones políticas.
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De igual modo, el presidente de la comisión de Legislación, Derlis Maidana, sostuvo que la medida buscaba restablecer atribuciones históricas del Tribunal de Cuentas. Enfatizó que la modificación no pretendía cercenar funciones de la Contraloría, amparándose en un dictamen de la Corte Suprema.
En contrapartida, el senador Eduardo Nakayama señaló que la reforma favorecía a quienes buscan eludir controles. Recordó que la Contraloría había advertido de una posible “zona gris” y alertó que otorgar tales competencias al Tribunal de Cuentas no garantizaba mayor transparencia.
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El senador Rafael Filizzola expresó que la Constitución de 1992 definió claramente las funciones de la Contraloría, por lo que no correspondía validar maniobras que permitan a administraciones evitar la rendición de cuentas. A su vez, Celeste Amarilla denunció que el Tribunal de Cuentas ha funcionado como depósito de documentos de dudosa legalidad.
Con la votación, se cierra el intento de ampliar las atribuciones del Tribunal de Cuentas en detrimento de la Contraloría. El resultado refleja un revés político para el cartismo y sus aliados, y asegura la vigencia del texto aprobado previamente por Diputados.
Fuente: ABC Color