Senadores bloquearon la iniciativa que pretendía flexibilizar requisitos de la jubilación vip, generando nuevo debate sobre privilegios.
La Cámara de Senadores votó en contra de la modificación de la Ley 6112/2018, que regula el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso. El proyecto, aprobado en Diputados en una primera instancia, proponía habilitar la figura del “afiliado voluntario”, lo que permitiría a legisladores con un mínimo de siete años de aporte seguir cotizando hasta alcanzar los requisitos para la jubilación extraordinaria.
Con esta figura, parlamentarios que no lograran la reelección podrían mantener sus aportes a la Caja para acceder a un retiro privilegiado, estimado en G. 12 millones mensuales con apenas diez años de aporte. En contraste, un trabajador del régimen general necesita 30 años de aporte y 60 años de edad para acceder a la jubilación ordinaria.
#Punto8 Mensaje de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY N° 6112/2018 ‘DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES PARA MIEMBROS DEL PODER LEGISLATIVO DE LA NACIÓN’, MODIFICADO POR LEY N° 6496/2020”, en análisis por el Pleno pic.twitter.com/un1VU8pca4
— SenadoPy (@SenadoresPy) August 20, 2025
El senador Dionisio Amarilla cuestionó la iniciativa señalando que buscaba “cambiar las reglas de juego” para beneficiar a legisladores a medio camino de cumplir los requisitos. Recordó además que este tipo de privilegios implica una carga adicional para la caja, que ya había recibido en el pasado un rescate de G. 3.500 millones con aval del Ejecutivo para cubrir su déficit.
Actualmente, existen 288 parlamentarios jubilados, lo que representa una erogación mensual de G. 2.859 millones. Según cálculos de la propia Caja, en 2028 se sumarían otros 32 legisladores, lo que elevaría los gastos a unos G. 3.700 millones mensuales.
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Los datos presentados en el Senado revelan además que 85 exparlamentarios se beneficiaron con la ley anterior, que permitía jubilarse tras solo un periodo de cinco años. Otros 66 accedieron a la jubilación ordinaria con G. 21 millones mensuales, mientras que distintas categorías de pensiones reducidas u ordinarias completan el cuadro de beneficiarios.
A mediados de julio, el propio presidente Santiago Peña salió públicamente en defensa de la llamada “jubilación vip”, lo que intensificó la polémica sobre los privilegios parlamentarios frente a las exigencias que soportan los trabajadores del sistema común.
Fuente: ÚH