El abogado del presidente argumenta que acusaciones se basan en suposiciones sin relevancia penal y no justifican apertura de investigación.



Ricardo Preda, abogado del presidente Santiago Peña y representante legal de la firma bancaria ueno bank así como del expresidente Horacio Cartes, desacreditó la denuncia penal presentada por legisladores opositores contra el mandatario. La acusación incluye presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder. Preda argumentó que las imputaciones carecen de sustento fáctico y se basan en suposiciones sin relevancia penal.

El letrado asumió la defensa tras la presentación de la denuncia que señala manejo irregular de recursos públicos en beneficio propio. Preda enfatizó que hacer denuncias sobre suposiciones no es acorde en un Estado de Derecho. El abogado explicó que la situación trascendió del ámbito de chisme de pasillo a una connotación jurídica con denuncias formales ante el Ministerio Público.

La denuncia cuestiona el crecimiento patrimonial de Peña desde su salida del Ministerio de Hacienda en 2018 hasta asumir la Presidencia en 2023. Según el senador Rafael Filizzola, el patrimonio aumentó de 2.300 millones a 23.000 millones de guaraníes. Un estudio técnico indica que 10.000 millones carecerían de explicación, incluso considerando ingresos del banco Basa durante el período.

Preda argumentó que el incremento patrimonial se produjo cuando Peña no ejercía función pública. El abogado sostuvo que denunciar acrecentamiento patrimonial en el sector privado no tiene relevancia penal. Respecto a las inversiones empresariales, enfatizó que la participación del presidente en sociedades era minoritaria y sin conexión con Grupo Vázquez, Ueno Holding o CEPAGRO.

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La defensa rechazó acusaciones de lavado de dinero, calificándolas de temerarias por referirse a participación minoritaria en sociedades. Preda negó tráfico de influencias al señalar que Peña no participó en procesos de licitaciones públicas. Sobre la compra de una camioneta vinculada a proveedor estatal, aclaró que la adquisición ocurrió en diciembre de 2022 cuando Peña no era presidente electo.

El abogado explicó que la mansión de San Bernardino fue financiada con crédito bancario y posteriormente con fondos del rescate de acciones de Ueno Holding. Respecto al contrato de pupitres con empresa de Long Jiang, argumentó que la decisión se tomó en Itaipú Binacional donde el presidente no forma parte del ámbito decisorio.

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Preda minimizó las filtraciones de fotografías y audios que implican a Leticia Ocampos y Santiago Peña con la utilización de sobres y bolsos con dólares para pagos varios desde Mburuvicha Rogá, argumentando que no implican ilegalidad. Sobre Luz Candado, exfuncionaria sometida a polígrafo por pérdida de confianza, señaló inconsistencias lógicas en su relato sobre sobres guardados durante meses. El abogado consideró normal someter a tests de confianza a personas cercanas al presidente.

El letrado concluyó que el Ministerio Público evaluará la denuncia pero no existen indicios fácticos suficientes para investigación penal. Preda insistió que en un Estado de derecho las suposiciones no bastan para abrir procesos judiciales. Sin embargo, confirmó que si la Fiscalía decide investigar, el presidente se someterá al proceso correspondiente.

Fuente: ABC / ÚH / Megacadena


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