El Senado modificó y aprobó la Ley de Datos Personales. El artículo 24 limita el acceso a información pública y genera rechazo ciudadano y periodístico.
El Senado aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales. La iniciativa regresa a la Cámara de Diputados para su estudio final.
Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 24, que limita el acceso ciudadano a información pública si esta puede afectar intereses privados vinculados a datos personales.
Organizaciones periodísticas como la Sociedad de Comunicadores del Paraguay advirtieron que esto podría restringir el acceso a planillas salariales, funciones y rendimiento de empleados públicos.
Estas son las modificaciones que le hicieron al artículo 24 del proyecto de ley de protección de datos personales.
Primeras impresiones y reflexiones:
Es mejor esta versión que la de diputados, ya que salva la información que las fuentes públicas deben publicar sin que nadie lo… https://t.co/fZV2CFVFPx pic.twitter.com/gnfXrBo7Kv— Ezequiel Santagada (@EFSantagada) August 6, 2025
El texto establece que las propias instituciones públicas decidirán cuándo un dato es considerado sensible, lo que genera alertas sobre discrecionalidad y falta de control externo.
Durante el debate, senadoras como Yolanda Paredes y Lilian Samaniego solicitaron suprimir el artículo 24. Sin embargo, la mayoría cartista rechazó esta propuesta y mantuvo el texto intacto.
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La ley también prevé la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que será la encargada de supervisar la aplicación de las normas previstas.
Por pedido de la senadora Lizarella Valiente, se introdujeron cambios adicionales en los artículos 7 y 45, relacionados con la notificación de incidentes de seguridad y el tratamiento de datos de menores de edad.
Valiente argumentó que las modificaciones se ajustan a la Convención sobre los Derechos del Niño y buscan fortalecer la protección digital de niñas, niños y adolescentes.
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A pesar de estos ajustes, el artículo 24 concentra las críticas por su potencial para amparar casos de nepotismo, mal uso de fondos públicos y privilegios dentro de la función estatal.
El proyecto ahora vuelve a Diputados, donde se definirá si se mantiene o se modifica el artículo polémico. Mientras tanto, sectores ciudadanos, periodistas y organizaciones de transparencia anuncian que seguirán presionando para evitar retrocesos en el derecho al acceso a la información pública.
Fuente: Última Hora