30 de enero de 2026 – 18:47
Apenas dos minutos antes del vencimiento del plazo, Orlando Arévalo y su esposa Carolina González, concejala de Lambaré, presentaron su descargo ante la Contraloría, según confirmó el director de Declaraciones Juradas de la institución, Armindo Torres. Ahora, el organismo iniciará el análisis técnico para determinar si existen omisiones o un eventual incremento patrimonial indebido.
El exdiputado colorado y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Órlando Arévalo y su esposa Carolina González, concejala de Lambaré, tenían plazo hasta ayer para responder al análisis preliminar de correspondencia realizado por la Contraloría General de la República (CGR). A principios de este mes, el matrimonio había solicitado una prórroga de 20 días, cuyo vencimiento operó el 29 de enero.
El director de Declaraciones Juradas de la CGR, Armindo Torres, confirmó que la presentación del descargo se realizó sobre la hora.
“Ya a altas horas de la noche, el día de ayer, presentó su descarga a las observaciones que la Contraloría le realizó. Aproximadamente 23:58, antes del vencimiento del plazo, presentó su descargo”, mencionó.
La documentación fue remitida a la Dirección General de Declaraciones Juradas, donde se inició el proceso de análisis técnico.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Dan “oxígeno” al clan Arévalo tras detectar bienes ocultos
Análisis técnico y verificación de posibles inconsistencias
Torres explicó que, a partir de ahora, se inicia el proceso de análisis de los documentos presentados, que incluyen respaldos patrimoniales y financieros. Esta etapa permitirá verificar si las respuestas brindadas son suficientes o si se requiere profundizar la investigación mediante nuevos pedidos de informes.
El proceso contempla la revisión de eventuales omisiones en las declaraciones juradas y la correspondencia entre los bienes declarados y los registros oficiales, tanto de Arévalo como de su esposa, quienes están casados sin separación de bienes y, por tanto, obligados a declarar los bienes conyugales.
Eventual comunicación al Ministerio Público
Una vez concluido el análisis, la Contraloría definirá si existen elementos que ameriten una acción posterior. En caso de confirmarse irregularidades, el caso podría escalar al ámbito penal.
“Y ahí vamos a definir si existe un incremento patrimonial indebido con relación a sus declaraciones juradas, si existe omisiones. Si se confirman las omisiones o si existe algún incremento patrimonial indebido, eso se lo va a comunicar al Ministerio Público, evidentemente”, dijo.
Lea más: Con frondoso prontuario, precandidata de Lambaré promete transparencia
Según estimaciones de Torres, la conclusión final del análisis podría estar lista en un plazo aproximado de 30 días.
Las inconsistencias detectadas por la Contraloría
El análisis preliminar de la CGR reveló múltiples irregularidades en las declaraciones juradas del matrimonio. Entre los principales hallazgos figura que Órlando Arévalo no declaró al menos 12 propiedades que están a nombre de su cónyuge, algunas de las cuales sí fueron consignadas por Carolina González en sus propias declaraciones.
Asimismo, la Contraloría advirtió inconsistencias en los valores declarados de inmuebles ubicados en Lambaré, además de la omisión de cinco rodados que figuran a nombre del exdiputado y de su esposa.
El informe también señala que Arévalo no declaró ganado a nombre de la concejala y que no existen registros en las instituciones de control sobre la supuesta actividad agropecuaria de cría de gallinas, de la cual —según manifestó el propio exdiputado— obtenía ingresos millonarios.
Las declaraciones juradas revelaron además una diferencia de G. 115 millones entre los ingresos y egresos al momento de asumir en el Congreso, así como inconsistencias entre pasivos y deudas de tarjetas de crédito a nombre de Carolina González que no fueron declaradas por Arévalo. A esto se suma que el exlegislador declaró una deuda de G. 401 millones un año antes de haberla contraído.
Graves irregularidades halladas
Otro punto relevante del análisis es la diferencia patrimonial de G. 4.265 millones detectada entre los activos y pasivos declarados al asumir en la Cámara de Diputados y al dejar el cargo en febrero pasado.
En cuanto a la concejala de Lambaré, la CGR observó que en su declaración jurada consignó una propiedad en esa ciudad por un valor total de G. 316 millones, desglosados en G. 200 millones por el terreno y G. 116 millones por la construcción.
Sin embargo, una planilla de cómputos métricos y presupuesto remitida por la Municipalidad de Lambaré establece que el costo real de la construcción asciende a G. 551 millones.