El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), acordó con el Instituto de Previsión Social (IPS) un pago fraccionado de la deuda de G. 8.000 millones que tiene la Municipalidad desde setiembre, en concepto de aporte obrero patronal. El trato se dio luego de que trabajadores de Aseo Urbano, Vialidad y del Jardín Botánico salieran a protestar y amenazaran con una huelga, tras la interrupción de los servicios de salud.
Hugo Martínez, directo general de Administración y Finanzas (DGAF) de la Municipalidad, confirmó a ABC que en una sesión extraordinaria del consejo de la previsional se aceptó la propuesta de la comuna, de pagar la deuda de manera fraccionada, con lo que se aseguró la continuidad de los servicios.
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Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente, había negado una interrupción de la atención médica, asegurando que estaba garantizada hasta hoy. Pero varios funcionarios reportaron que sus familiares quedaron sin acceso a consultas, internaciones, diálisis, operaciones y tratamientos médicos. Incluso hubo quien denunció que le dieron de alta del hospital, debido al corte en el servicio por falta de pago.
Desde los sindicatos de Trabajadores (Sitrama), de Obreros y Empleados (Sinoema) y el Sindicato Municipal de Trabajadores (Simuca) de la Municipalidad de Asunción, advirtieron que el cese de la prestación de esos servicios afectaría a alrededor de 4.000 funcionarios y a sus familias.
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Jornaleros se movilizaron
En la mañana de este viernes, trabajadores de Aseo Urbano, Vialidad y del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción (JBZA) se concentraron en sus respectivas bases y realizaron una marcha por la avenida Artigas, cerrando media calzada.
El reclamo principal de los trabajadores fue que, mientras la administración municipal no realizaba los pagos al IPS, seguía descontando todos los meses los aportes de sus salarios. “¿Qué pasó con nuestra plata, dónde la tiraron?, cuestionó uno de los manifestantes.
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Alberto Gaona, secretario general de Sitrama, cuestionó que ya desde inicios de la semana en curso, familiares de funcionarios dejaron de ser atendidos. “Tenemos compañeros y familiares enfermos que necesitan atención médica urgente”, reclamó.
Los manifestantes habían denunciado que sus compañeros internados en el IPS fueron desalojados debido a que no estaban al día con su seguro social, como consecuencia de la omisión de la municipalidad.
Movilizaciones en cuarto intermedio
Este mediodía, tras conocerse el acuerdo entre la comuna y el IPS, Julio Fernández, secretario de Sinoema, señaló que la asamblea permanente se encuentra en cuarto intermedio. Mientras, discuten con los demás gremios y evalúan la situación, debido a que la atención en el IPS no es el único reclamo que tienen.
Fernández recordó que, puntualmente en Aseo Urbano, los trabajadores se enfrentan a muchas falencias para prestar el servicio a la ciudadanía. “No vamos a dejar caer (la institución), y menos que a la ciudadanía no se le presten los servicios”, dijo.
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El dirigente advirtió que si no hay respuesta de las autoridades en cuestiones básicas, como el mantenimiento de los camiones recolectores, antes de fin de año, cuando el trabajo se vuelve más pesado, tomarán medidas más fuertes. “Con esta flota que hoy tenemos, en las condiciones en las que está, es imposible poder cumplir al 100%”, reclamó.
El dirigente sindical advirtió de la posible intención de ciertos sectores de la Municipalidad de forzar una privatización de los servicios como la recolección de residuos, lo que iría en detrimento de los ciudadanos, aseguró. “Si hoy paga G. 100.000, con una empresa privada va a pagar G. 200.000”, remarcó.
Buscan compensar deudas
Hugo Martínez, director general de Administración y Finanzas, dijo que además de acordar con IPS la regularización de los servicios, trabajan en una mesa de negociaciones para lograr la compensación de deudas entre ambas instituciones.
Martínez dijo que el IPS debe más de G. 65.000 millones por impuestos atrasados, que habían sido recurridos ante la justicia en 2019. Este monto sería el saldo que había quedado luego que la previsional hiciera en diciembre del año pasado un salvataje de G. 13.000 millones, que permitió al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) pagar sueldos y aguinaldos.
El director señaló además que también hay saldos que no están en el marco de lo resuelto judicialmente, que rondan los G. 27.000 millones, correspondientes a los años 2024 y 2025.
La intención de la comuna, explicó el director, es utilizar el saldo que tiene a su favor para las deudas que se generen en adelante. Esto aseguraría que la Municipalidad no tenga que sacar dinero de su caja para pagar al IPS, sobre todo atendiendo a la dramática situación de las recaudaciones y en medio de una importante crisis financiera.