13 de febrero de 2026 – 18:38
Cinco partidos de la oposición denunciaron que el supuesto proceso de “auditoría” de las máquinas de votación adjudicada por la Justicia Electoral al consorcio Comitia-MSA (ligada a exsocios de Santiago Peña) fue en realidad una “demostración guiada” que no da ni una garantía al no permitir una fiscalización real.
Los partidos Cruzada Nacional (PCN); Yo Creo (PYC); Paraguay Soberano (PaSo); Frente Patriótico Te’etê (PFPT) y Frente Amplio (PFA) emitieron hoy un comunicado donde desacreditan el supuesto proceso de “auditoría” planteado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), remarcando que “una demostración guiada no es una auditoría conforme al apartado del PBC (Pliego de Bases y Condiciones) de auditabilidad. Y sin ello, no hay garantías reales”.
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Todos estos partidos enviaron a sus técnicos con la esperanza de poder realizar una verificación real, sin embargo, el consorcio adjudicado y el TSJE no solo no permitieron una labor seria, sino que, según denuncian “no se cumplieron condiciones mínimas de auditabilidad declarado” en el PBC, que en otras condiciones podría ser causal de la anulación del contrato.
Enumeraron al menos cinco observaciones graves, las cuales son: 1) Pruebas limitadas a escenarios predefinidos por la propia autoridad y/o el proveedor; 2) Restricciones operativas que impiden seguimiento técnico serio (incluyendo limitaciones de tiempo para preguntas y verificación, y la no entrega del Código Fuente; 3) Hallazgos críticos de seguridad lógica, entre ellos, usuarios con privilegios que podrían ser usados para alterar los resultados; 4) Opacidad sobre software y componentes esenciales; y 5) Ausencia de documentación completa y verificable del proceso.
“A esto se suma un hecho institucional inaceptable: hasta la fecha no se ha puesto a disposición pública el contrato completo suscripto con la empresa MSA, incluyendo anexos técnicos, pese a tratarse de un sistema que puede marcar el rumbo del país no solo en el próximo proceso, sino en elecciones generales futuras”, remarca el comunicado.
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Ante esto, también plantearon una serie de exigencias, recordándole sobre todo al TSJE que “la confianza electoral no se pide: se prueba”.
Entres dichas exigencias, requieren la “publicación inmediata e íntegra del contrato” y otras documentaciones; la provisión del código fuente para la verificación en tiempo y formal y otros requerimientos técnicos.
El comunicado enfatiza que “no se puede exigir confianza ciudadana mientras se restringe el acceso a la información técnica y contractual del propio sistema electoral”.
El proceso de adjudicación se ve enturbiado desde antes, por la sugestiva anulación del proceso anterior que era de compra de máquinas de votación, y no de alquiler, como ahora.
En dicho proceso previo, este mismo grupo, ahora adjudicado con el alquiler, había sido descalificado por incumplir requerimientos técnicos básicos. Sin embargo, al reiniciarse el proceso, presuntamente habrían sido beneficiados mediantes las condiciones favorables establecidas en el nuevo PBC.
Estas sospechas se acrecentaron luego de que el consorcio Comitia-MSA (único oferente) resultara adjudicado con el contrato para el alquiler de una 18.000 máquinas de votación por US$ 35 millones.
“Nuestra obligación democrática no es callar para ‘no incomodar’”, finaliza mencionando el comunicado.