La de Microsoft es una decisión inusual. Ha dejado de prestar servicios en la nube a la unidad 8200 del ejército israelí. Una investigación de The Guardian y otros medios señaló que la plataforma de Azure se usaba para almacenar y procesar de forma masiva llamadas telefónicas de la población civil en Palestina. Tras unas pesquisas internas, la compañía ha dado la espalda —parcialmente, pues mantiene contratos con el gobierno de Israel— a un país con el que sector tecnológico tradicionalmente tiene una relación estrecha.
El desplante de Microsoft ha avivado un debate que lleva años encendido, aunque con intermitencias. Google y Amazon, que prestan servicios en la nube al gobierno de Israel, incluido el Ministerio de Defensa, a través del Proyecto Nimbus, han experimentado protestas de sus empleados al respecto. En algunos casos ha habido despidos por manifestaciones en contra de esta iniciativa.
Un día después del anuncio de Microsoft, un artículo en el portal Ynet, perteneciente a uno de los diarios más populares de Israel, titulaba El bloqueo de Microsoft a la Unidad 8200 del IDF despierta el miedo a un creciente boicot tecnológico a Israel. El autor apuntaba cómo dos meses atrás se preguntó a cargos destacados en ciberdefensa si el ejército israelí estaba preparado para un escenario en el que los gigantes tecnológicos estadounidenses se sintieran presionados para cortar sus servicios durante los ataques a Gaza. Afirmaron que lo estaban, pero el artículo añade: “Aun así, parece poco probable que el ejército esperase que este escenario se materializara tan rápido”.
La columnista y politóloga Tehilla Shwartz Altshuler escribía en The Times of Israel, tres días después del anuncio, cómo el bloqueo de Microsoft amenazaba a la seguridad nacional de Israel. Uno de los temores que expresaba era que quienes pueden apagar los sistemas en la nube del Proyecto Nimbus “están en California”.
Algunas ONG han subrayado el anuncio. Para Amnistía Internacional es “un mensaje claro a todas las compañías, incluidas otras grandes tecnológicas”. Mientras que el American Friends Service Committee lo ha definido como “el primer ejemplo conocido de una compañía tecnológica que termina sus servicios al ejército israelí en mitad de un contrato a causa de preocupaciones por los derechos humanos”.
Israel sirve como incubadora de startups de tecnología que después emigran a Estados Unidos o se venden a compañías de Silicon Valley. La propia unidad 8200 ha sido cantera de múltiples fundadores de empresas de ciberseguridad que después han prosperado en el ámbito civil, como Palo Alto Networks o Wiz (adquirida por Alphabet por 32.000 millones de dólares).
Al mismo tiempo, muchas compañías de Silicon Valley tienen centros de investigación y negocio en Israel. “La medida de Microsoft envía una señal importante a todas las empresas, sobre todo a las grandes tecnológicas, de que también tienen que hacer frente a esta complicidad con Israel”, apunta Erika Guevara, directora de investigación de Amnistía Internacional, cuyo trabajo cubre la intersección entre tecnología y derechos humanos.
“Gracias a esta investigación [conducida por The Guardian, el medio palestino-israelí +972 Magazine y el medio en hebreo Local Call] se ha generado una movilización dentro de la plantilla de Microsoft. Ha habido incluso grupos liderados por sus propios trabajadores, como es el movimiento No Azure for Apartheid”, indica Guevara en referencia a una campaña que exige el fin de los contratos con el ejército de Israel. El nombre se inspira en el movimiento No Tech for Apartheid, originado en 2021 por empleados de Google y Amazon cuando ambas compañías negociaron el Proyecto Nimbus.
La firma de este contrato de 1.200 millones de dólares entre los dos gigantes tecnológicos y el gobierno de Israel incluye servicios al ejército. Las voces críticas afirmaban que la tecnología podría utilizarse para cibervigilancia u operaciones militares. Entre los empleados de Google afloraron las protestas, incluidas sentadas en los campus y descontento expresado públicamente. Como consecuencia, el pasado año la compañía despidió a unas 50 personas. Aunque ha recalcado que Project Nimbus cumplía con sus Términos de Servicio y que no está destinado “a cargas de trabajo altamente sensibles, clasificadas o militares relevantes para armamento o servicios de inteligencia”.
En Amazon, a finales de 2023 más de 1.700 empleados firmaron una petición dirigida al CEO Andy Jassy para que rescindiera los contratos con el ejército israelí y reclamara un alto al fuego en Gaza. Ha habido un goteo de protestas. La última de ellas fue la de Ahmed Shahrour, un ingeniero palestino cuyo empleo se ha puesto en suspenso después de publicar en un chat de Slack de la empresa una crítica a los vínculos entre Amazon e Israel.
Incluso en Oracle, una compañía vocal en su apoyo a Israel, ha habido disensiones. La tecnológica construyó un centro de datos en el país y planea otro más. Sus lazos con agencias gubernamentales israelíes son amplios. El pasado año, 68 empleados firmaron una carta criticando el apoyo incondicional de la empresa.
Hasta ahora este tipo de protestas no habían hecho mella visible en las compañías. Pero la decisión tomada por Microsoft muestra el impacto de la presión por parte de empleados e inversores. Un grupo de ellos había exigido a la compañía que evaluara sus procesos para identificar cuándo un cliente hacía un mal uso de sus servicios. La demanda venía a propósito de los indicios en torno a la utilización de Azure por el ejército israelí.
“Esto demuestra que hay una presión social que empuja a que estas empresas hagan cambios fundamentales. Y esta presión pone en evidencia que hay responsabilidades y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, incide Guevara.
Desde Amnistía Internacional indican que el deterioro de la imagen pública no es la única presión a la que se enfrentan las empresas. Y señalan que la retirada de Microsoft lanza también el mensaje de que podría haber procesos de rendición de cuentas para las compañías, por su contribución a “graves violaciones de los derechos humanos”.
Guevara cita el clima político —una comisión nombrada por la ONU acusa a Israel de ser responsable de genocidio en Gaza— y el cambio en la narrativa de algunos gobiernos como acicate para decisiones como la de Microsoft. Aunque argumenta que hay un factor sumatorio: “Se siguen acumulando las evidencias. Cada día van saliendo más y esto obliga a las empresas a tomar acciones”.