El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) y la Comisión Especial de Investigación del Congreso Nacional avanzan en la redacción final del anteproyecto de Ley de Emergencia Judicial contra la conocida mafia de los pagarés. El objetivo es ofrecer un marco legal que permita la nulidad de procesos judiciales irregulares y la protección efectiva de las víctimas.
El senador Rafael Filizzola, presidente de la comisión, señaló que el texto ya unifica propuestas anteriores y está en la etapa final de ajustes. La iniciativa prevé acciones concretas para frenar las maniobras fraudulentas que, mediante pagarés adulterados o simulados, derivaron en embargos y ejecuciones contra personas y empresas.
Esta semana, defensores públicos y asesores legislativos mantuvieron una reunión en la Sala Bicameral del Congreso para precisar detalles técnicos. Entre los puntos acordados, figura la fijación de plazos para localizar expedientes extraviados y la suspensión inmediata de embargos y descuentos hasta que se reconstituyan los procesos.
Uno de los artículos clave es el 113 del Código Procesal Civil, que habilita a los jueces a declarar nulidades procesales de oficio cuando un vicio impide dictar una sentencia válida o en los casos previstos por la ley. El anteproyecto contempla su aplicación directa en causas vinculadas a la mafia de los pagarés.
También se debatieron los supuestos en los que las nulidades se podrán aplicar sin pedido expreso de las partes, para garantizar que las víctimas no dependan exclusivamente de gestiones judiciales propias. Esto apunta a equilibrar la balanza procesal frente a organizaciones con capacidad de influir en expedientes.
El MDP, a través de sus representantes José Torres, Carla Mazo, Leticia Casaccia, Leyla Centurión y Hugo Giménez, destacó que la futura ley busca un impacto inmediato, dada la magnitud del perjuicio causado por estas estafas. Según informes previos, las víctimas incluyen desde comerciantes hasta adultos mayores que perdieron sus bienes por juicios fraudulentos.
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La iniciativa también establece la revisión exhaustiva de casos en los que se hayan aplicado medidas cautelares basadas en pagarés cuestionados, así como la obligación de notificar a las partes sobre cualquier diligencia de nulidad o suspensión de ejecución.
De aprobarse, la Ley de Emergencia Judicial marcaría un precedente en la lucha contra delitos económicos que utilizan la estructura judicial para consumar fraudes. El Congreso prevé recibir el texto final en los próximos días para su ingreso al orden del día y eventual debate en el pleno.
Fuente: Megacadena