02 de abril de 2026 – 01:00
En marzo de 2025, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR), percibió un ingreso récord de G. 105 millones mediante el cobro retroactivo de bonificaciones por “responsabilidad”. En un solo año, el legislador cartista acumuló más de G. 295 millones en extras, una cifra que a un trabajador con salario mínimo le tomaría ocho años de esfuerzo igualar.
Planillas oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que el cartista Basilio “Bachi” Núñez alcanzó un pico salarial histórico desde su llegada al Congreso al percibir, solo en marzo del año pasado, un total de G. 105.504.750. Este monto extraordinario se compone de su dieta habitual de G. 32.606.840, sumada a G. 9.595.060 en gastos de representación y un pago acumulado de G. 63.302.850 correspondiente a tres meses (enero, febrero y marzo de 2025) de bonificaciones por “responsabilidad”.
Cada mes corresponde G. 21.100.950, de acuerdo a los detalles.
Bajo este esquema, el titular del Senado logró acumular G. 295.413.300 solo en sobresueldos, lo que equivale a 101 salarios mínimos vigentes (G. 2.899.048 por mes); un abismo frente a un trabajador promedio, que tardaría casi una década en alcanzar dicha suma.
Tras conocerse el detalle y monto de su remuneración actual, Bachi Núñez anunció la “renuncia” a sus millonarios sobresueldos. Sin embargo, detrás del “gesto” quedó una interrogante técnica sobre la legalidad del cobro.
Los cambios en la Ley de Presupuesto y sus decretos reglamentarios para el ejercicio 2025 –que coincidieron con el ascenso de Basilio “Bachi” Núñez a la titularidad del Poder Legislativo– establecieron dos porcentajes contradictorios para el pago de bonificaciones.
La contradicción en norma
Bachi Núñez escudó su sobresueldo en el inciso f) del Art. 132 del Decreto Reglamentario, que a su vez regula el Art. 48 de la Ley Nº 7408/2024 “Que aprueba el PGN 2025”“. Este apartado permite a los “Ordenadores de Gastos” cobrar hasta un 50% sobre la suma de su dieta y gastos de representación. Bajo este cálculo (50% de G. 42.201.900), la cifra de G. 21 millones cierra perfectamente.
No obstante, la inconsistencia surge apenas unos renglones más abajo de ese artículo, en la sección de incompatibilidades.
Hasta 2024, el Presidente, Vicepresidente, ministros y las autoridades con remuneración igual o superior a un ministro del Poder Ejecutivo tenían prohibido recibir estas bonificaciones. En 2025, el presidente Santiago Peña borró la palabra “NO” de la restricción en el decreto reglamentario, abriendo el grifo al cobro masivo para la cúpula política.
Pero esa misma modificación incluyó un “candado legal” para quienes perciban remuneraciones iguales o superiores a un ministro del Poder Ejecutivo (G. 26.093.655, sueldo más gastos de representación), la bonificación “no podrá ser superior al 25%” (sic).
Al ser el titular del Congreso, una autoridad con ingresos muy superiores a los de un ministro, y considerando esta incompatibilidad en la norma, el tope legal que tuvo que haberse aplicado era el del 25% (G. 10.550.475 mensuales). Al optar por el porcentaje del 50%, Núñez duplicó el beneficio que le correspondía, según una interpretación del decreto reglamentario.
Un derroche que subió G. 17.979 millones
El senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista) no solo lideró a título personal el cobro de una bonificación de G. 21 millones mensuales por “responsabilidad en el cargo”, sino que, como administrador del gasto, autorizó que las instituciones bajo su mando dispararan las erogaciones del rubro 133, Bonificaciones. La Cámara de Senadores, por ejemplo, pasó de gastar G. 25.164 millones en bonificaciones en 2024 a ejecutar G. 39.704 millones en 2025. Se trata de una diferencia de G. 14.540 millones en apenas 12 meses. Por su parte, el Congreso Nacional saltó de G. 11.701 millones a G. 15.140 millones. Una diferencia de G. 3.438 millones. En total suman G. 17.979 millones de aumento entre 2024 y 2025.
Este “megafestín” fue posible luego de una ingeniería presupuestaria aprobada en el Senado. La Cámara Alta se “autoexceptuó” para otorgar a Bachi superpoderes para repartir millonarios montos de manera discrecional, sin respetar los topes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), amparado únicamente en reglamentos internos hechos a medida. Al eliminar los topes, Bachi benefició con bonificaciones de hasta el 55% sobre el salario base a directores de su confianza, quebrando la regla general del 30% que rige para el resto del funcionariado público. El privilegio también alcanzó a funcionarios de las bancadas del PLRA, Yo Creo, Frente Guasu y Cruzada Nacional.