30 de marzo de 2026 – 01:00
Los decretos reglamentarios del PGN -hasta el ejercicio 2024- impedían explícitamente que ministros y altos funcionarios con sueldos o dietas equivalentes o superiores percibieran gratificaciones bajo concepto alguno. Sin embargo, para el 2025, el Ejecutivo borró esta restricción, habilitando el desembolso y dejando cada vez más sin sustento la defensa del titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, sobre la supuesta legalidad de sus cobros entre marzo de 2025 y febrero de este año.
Clara, concisa y taxativa. Así era la restricción que impedía al presidente, vicepresidente, ministros y funcionarios con rangos equivalentes percibir pagos extra bajo los Objetos del Gasto (OG) 133 “bonificaciones” y 137 “gratificaciones”. La prohibición alcanzaba al procurador general, al contralor y a cualquier cargo con remuneración igual o superior a la de un ministro del Ejecutivo. Esta normativa técnica explica por qué ningún antecesor de Basilio “Bachi” Núñez en la presidencia del Congreso percibió los cuestionados sobresueldos.
Sin embargo, a partir del ejercicio fiscal 2025, la exclusión se borró del Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación (PGN). Esta modificación deliberada “abrió el grifo” a cobros anteriormente prohibidos para las altas autoridades, destruyendo el argumento de legalidad esgrimido por Núñez para justificar los casi G. 254 millones percibidos entre marzo de 2025 y febrero de este año.
El borrado del “NO” en decreto para PGN 2025
El análisis de los decretos reglamentarios firmados durante los gobiernos de Horacio Cartes (2013-2018) y Mario Abdo Benítez (2019-2023) deja al descubierto la maniobra del presidente Santiago Peña para facultar el uso de fondos públicos en sobresueldos millonarios encubiertos.
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En 2016, el Art. 103 del reglamento establecía como incompatibilidad absoluta: “…no podrán percibir bonificaciones en ningún concepto con los OG 133 y 137 el Presidente, Vicepresidente, Ministros…”. Para 2018, la prohibición se extendió formalmente a todo cargo con remuneración equivalente o superior a un Ministro del Ejecutivo, ya sea OG 111 “sueldos” o 112 “dietas”. Esta inhabilitación se mantuvo inalterable durante años, cerrando la puerta al cobro de bonos para las cabezas de los tres poderes del Estado.
Sugestivamente, para el 2025, el decreto reglamentario cambió su fórmula mediante una edición mínima pero de impacto millonario: eliminaron la palabra “NO”. La nueva redacción establece en el Art. 132 ahora que dichos cargos “podrán percibir una bonificación con el OG 133… en un porcentaje que no podrá ser superior al 25% del sueldo mensual más gastos de representación”. Con este sutil cambio gramatical -mantenido en el PGN 2026- se institucionalizó el beneficio que el titular del Congreso hoy defiende como “legal”.
Vigencia inmediata para cobros
Tan pronto se promulgó el PGN 2025 y su respectivo reglamento, el Gabinete puso en práctica el beneficio. La mayoría de los ministros del Ejecutivo comenzaron a percibir un promedio de G. 6,5 millones adicionales por mes. El esquema se replicó en entes como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), a cargo de Agustín Encina, y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), bajo el mando de Fernando Ortellado.
En la misma línea actuó el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista). Desde marzo de 2025, el legislador cartista empezó a cobrar un sobresueldo mensual de aproximadamente G. 21 millones, disparando su remuneración total por encima de los G. 63 millones mensuales.
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Tras quedar expuesto ante la opinión pública, Núñez anunció su “renuncia” al cobro. Sin embargo, para entonces, ya había logrado embolsar durante un año -entre marzo de 2025 y febrero de 2026- una suma que roza los G. 254 millones, amparado en el decreto reglamentario redactado “a medida”.