El camino hacia la UE de Ucrania, que transita en plena invasión de Rusia, tiene un capítulo importante en el compromiso de Kiev en la lucha contra la corrupción. “Ucrania debe avanzar en su plan de lucha contra la corrupción y evitar cualquier retroceso en sus notables logros en materia de reformas”, explica la Comisión Europea sobre el país agredido en su análisis anual de los avances de los países candidatos a entrar en la UE. Esta frase del Ejecutivo europeo llega después de que señale que “las instituciones anticorrupción y organizaciones civiles informan de una presión creciente de las instituciones estatales, que incluye […] a las agencias de seguridad” y de que estos hechos “ponen en duda el compromiso en la lucha contra la corrupción”.
La edición de 2025 de este informe que la Comisión elabora sobre los 10 candidatos formales a entrar en la UE (Albania, Bosnia, Georgia, Kosovo, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania) tenía especial interés en el capítulo ucranio tras lo sucedido este verano, cuando el presidente Voldímir Zelenski impulsó una reforma de la Oficina Nacional Anticorrupción y de la Fiscalía Anticorrupción que les restaba independencia. Las protestas ciudadanas forzaron al dirigente a dar marcha atrás en sus planes. Pero el informe bruselense se hace eco de estos hechos que “desmantelaban importantes salvaguardas de independencia”.
Es este capítulo, unido a esas denuncias de la sociedad civil y los propios órganos de lucha contra la corrupción, el que advierte de que Bruselas pone en duda este compromiso. Para superarlas, el consejo que plantea el documento de la Comisión es que se aborden “los retrasos y obstáculos procesales en los procedimientos por corrupción de alto nivel”. También reclama que “se revisen y ajusten los plazos de prescripción y los motivos para su interrupción y suspensión, de conformidad con las normas europeas”. Es la forma de que se completen “los avances limitados” que admiten los técnicos europeos se han logrado.
Ucrania obtuvo el estatus de candidato a su entrada en la UE a finales de 2023, al mismo tiempo que Moldavia. Durante este año, en la valoración genérica la Comisión subraya que el país agredido “ha avanzado en reformas clave” en el que ha adoptado planes para profundizar en el Estado de derecho, la reforma de la Administración pública, el funcionamiento de las instituciones democráticas la integración de las minorías nacionales. Este último es uno de los pretextos que utiliza el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para oponerse a la adhesión de su vecino del este a la Unión.
El proceso de acceso a la UE es largo y requiere de unas negociaciones muy extensas con decenas de capítulos que abordan el Estado de derecho, las reformas económicas o los derechos fundamentales. Suelen tardar bastantes años y tras la gran ampliación de comienzos de este siglo, más los ingresos posteriores de Bulgaria, Rumania y Croacia, todo se ha ralentizado mucho. A pesar de esto, el presidente ucranio Zelenski no deja de pasar la ocasión de señalar su deseo de que su país ingrese cuanto antes. Este martes, apunta Reuters, ha declarado que le gustaría que ese momento llegara antes de 2030. Este anhelo se antoja muy complicado porque esa fecha no es tanto la que se maneja para que ingresen nuevos países, sino el momento en que la propia UE tenga listas sus reformas internas para recibir el grueso de los nuevos miembros que esperan la adhesión.
No solo Ucrania negocia su entrada en la UE, aunque el país invadido es clave porque su solicitud y el gesto de la Unión de aceptarla, pese a sus carencias, forzó que se revitalizaran los procesos de otros países que llevan más tiempo en la sala de espera. Los que están más avanzados son Montenegro y Albania, que durante este año han hecho “progresos significativos”. El primero estaría en disposición si mantiene este “progreso constante” de lograr el objetivo de cerrar los 31 capítulos que comprenden estas negociaciones en 2026. Con Albania, el objetivo se situaría en 2027.
Hay dos países sobre los que la evaluación hecha es bastante severa: Serbia y Georgia. Del primero, señala que las reformas “se han ralentizado significativamente”. “La polarización en la sociedad serbia se ha acentuado en el contexto de las protestas multitudinarias que se celebran en todo el país desde 2024, lo que refleja la decepción de los ciudadanos por, entre otros motivos, la corrupción, la falta de rendición de cuentas y de transparencia, más los casos de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes”, apunta la Comisión.
Sobre Georgia, Bruselas es todavía más dura. “En 2024, el Consejo Europeo concluyó que este proceso de adhesión estaba de facto parado». “Desde entonces la situación se ha deteriorado profundamente, con un serio retroceso democrático marcado por una rápida erosión del Estado de derecho y severas restricciones en los derechos fundamentales”, concluye la Comisión. “Georgia solo es candidato de nombre”, concluye.