Compras por G. 263 millones en Caapucú bajo “urgencia impostergable” incluyen sombrillas y pérgolas. Concejales denuncian irregularidades.
La Municipalidad de Caapucú, encabezada por el intendente cartista Gustavo Penayo, desembolsó G. 263 millones para adquirir sombrillas, basureros, pérgolas y otros elementos instalados en la playa municipal Arena, bajo el justificativo de una “urgencia impostergable”. Esta modalidad permite acelerar procesos de compra sin seguir los procedimientos ordinarios, siempre que se trate de situaciones excepcionales, lo cual está siendo fuertemente cuestionado en este caso.
Según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), los fondos fueron adjudicados a la firma 3V Ingeniería SA, responsable de la ejecución de obras como la construcción de una cantina, reacondicionamiento de baños, nivelación de suelo, instalación de pérgolas y alumbrado solar. Sin embargo, los precios y la calidad de los trabajos despertaron críticas por parte de concejales y ciudadanos.
Entre los costos más llamativos figuran: G. 2.500.000 por cada sombrilla, G. 950.000 por cada basurero y G. 4.700.000 por cada pérgola. Por una pequeña cantina se pagaron G. 14 millones y el reacondicionamiento de los baños costó G. 35 millones. Las obras, de acuerdo a la oposición, presentan acabados deficientes y materiales de baja calidad, incompatibles con los altos montos declarados.
El concejal Rubén Pedrozo (ANR) solicitó en reiteradas ocasiones informes detallados al jefe comunal sobre estas adjudicaciones, sin obtener respuestas. También expresó dudas sobre la necesidad real de estas obras, considerando otras carencias más urgentes en la ciudad.
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La Ley N° 7021/2022 establece que solo se podrá invocar la “urgencia impostergable” en casos probados, concretos e inmediatos, donde un proceso normal de licitación pueda significar un daño grave al interés público. En este caso, varios sectores cuestionan que las obras playeras no cumplen con esos criterios.
Ante las denuncias de supuesta manipulación del proceso, la DNCP revisó el expediente y, aunque admitió que había documentación incompleta, no encontró pruebas contundentes de direccionamiento. Finalmente, dio luz verde a la contratación.
Fuente: ABC Color