La Comisión Permanente del Congreso Nacional convocó este miércoles a una mesa de debate sobre el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Participaron el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como economistas invitados y representantes de gremios de la producción.
Durante el encuentro, el MEF expuso que el déficit del sistema previsional del sector público no puede resolverse con aumentos impositivos, ya que requeriría subas extremas del IVA o del IRP que resultarían insostenibles y, aun así, solo cubrirían parcialmente el problema.
Según las proyecciones oficiales, si no se introduce una reforma, a partir de 2028 el 100% del déficit de la Caja Fiscal, estimado en unos US$ 683 millones, recaerá sobre impuestos generales, desplazando recursos destinados a infraestructura, salud y educación.
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Reforma necesaria, no suficiente
Economistas y representantes del sector privado coincidieron en que el desequilibrio del sistema responde principalmente a problemas estructurales, en especial a la ausencia de una edad mínima de jubilación y a regímenes especiales que permiten retiros tempranos con altas tasas de sustitución.
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En ese sentido, respaldaron la propuesta oficial de elevar gradualmente la edad de acceso a la jubilación, ajustar los haberes según los años de aporte y aumentar las contribuciones obrero-patronales, con un aporte adicional del Estado en su rol de empleador.
Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, calificó el debate como una “defensa de la República” y de la sostenibilidad de las cuentas públicas, y cuestionó duramente las jubilaciones a edades muy tempranas, al considerar que rompen el pacto intergeneracional del sistema de reparto.
No obstante, señaló que el proyecto del Ejecutivo constituye una corrección “mínima” que permitirá reducir el déficit, pero no eliminarlo.
En la misma línea, otros economistas advirtieron que la reforma, aunque necesaria, no resuelve de fondo el problema previsional. Jorge Garicoche, gerente de Economía de Mentu, sugirió “profundizar la reforma” para evitar reabrir la discusión en pocos años, proponiendo ampliar la base de cálculo de la jubilación a los últimos 10 años.
Igualmente, Manuel Alarcón, ex viceministro de Economía del Fisco, alertó sobre una “bomba de tiempo” de 50.000 funcionarios contratados que hoy no aportan, pero demandarán jubilación en el futuro, instando a incorporarlos a la base de aportantes
Por otra parte, Jorge Bernardes, presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay, atribuyó el problema a años de “populismo” que otorgó beneficios sin medir la sostenibilidad.
Productores repudian la idea de nuevos impuestos
Desde los gremios de la producción, el respaldo al proyecto estuvo condicionado al rechazo explícito de cualquier salida basada en nuevas cargas tributarias.
Alertaron que trasladar el costo del déficit a la economía formal afectaría la competitividad, la inversión y el crecimiento, y remarcaron que los recursos públicos deben priorizar obras y servicios que beneficien al conjunto de la población.
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Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) fue contundente al catalogar el sistema actual como un “Ponzi”, y calificó de irrazonable arriesgar el futuro de 6 millones de habitantes para sostener a 80.000 beneficiarios.
En esa línea, representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios enfatizaron la desigualdad estructural, apuntando que siete de cada diez paraguayos no tienen expectativa de jubilación, por lo que consideran injusto que sus impuestos cubran el déficit de la Caja Fiscal.
Prometen analizar posturas “sin bajadas de linea”
El presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, afirmó que la reforma de la Caja Fiscal será una de las decisiones más difíciles para el Congreso, ya que enfrenta la lógica electoral de corto plazo con la necesidad de pensar en el futuro del país.
El legislador anunció que las propuestas y aportes recibidos serán remitidos tanto a los participantes como a la Cámara de Diputados, con el objetivo de que cada legislador cuente con insumos técnicos y construya su propia posición, “sin bajadas de línea”.
Admitió que avanzar con la reforma tendrá costos políticos, pero defendió la necesidad de asumirlos y subrayó la importancia de no trasladar el problema al sector productivo, cuya realidad, según dijo, suele ser simplificada o mal entendida.