La Cámara de Diputados aprobó una versión de la ley de protección de datos personales que podría restringir el acceso ciudadano a información pública.
La Cámara de Diputados ratificó su versión del proyecto de ley de protección de datos personales, considerada por sectores políticos y organizaciones civiles como una amenaza a la transparencia. Con 43 votos, los legisladores del bloque cartista y sus aliados aprobaron el texto en una sesión sin debate extenso.
El proyecto pasará ahora al Senado, donde se necesitarán 23 votos para confirmar o modificar el documento. Los detractores sostienen que la versión de Diputados desvirtúa el espíritu original de la ley, que buscaba proteger los datos personales sensibles sin obstaculizar el acceso ciudadano a información pública.
Así votaron los diputados, que se ratificaron en su versión del proyecto de «Datos Personales del Paraguay», por lo que el documento volverá al senado, que requiere ahora 30 votos para hacer valer su versión de la propuesta legislativa.#1020AM @nanduti pic.twitter.com/t3gsgYX56A
— Arnaldo Cabral Díaz (@arnalditocabral) October 14, 2025
Según las críticas, los cambios aprobados reducen la capacidad de control sobre el uso de recursos públicos y debilitan el derecho a la información garantizado por la Constitución.
Riesgos para el acceso a la información pública
El nuevo texto introduce disposiciones que podrían modificar el alcance de la Ley 5189/14, sobre la provisión de informaciones de uso de recursos públicos, y la Ley 5282, de libre acceso ciudadano a la información pública.
Entre las modificaciones más controvertidas se encuentra la exigencia de obtener el consentimiento del funcionario o particular involucrado para divulgar información que contenga datos personales. Esto afectaría, por ejemplo, la publicación de salarios, contratos o participación en empresas proveedoras del Estado.
¡HILO-2: Desenmascaremos la TRAMPA en la versión del Senado! @jfergo86
En el hilo anterior, expusimos las trampas generales del proyecto de ley de «datos personales» que busca sepultar la transparencia en Paraguay.— Daniel (@justiceinpy) October 14, 2025
El abogado y experto en transparencia Ezequiel Santagada advirtió que estas restricciones pueden generar opacidad en la gestión pública y proteger indebidamente la información de quienes manejan fondos estatales. En la práctica, las instituciones podrían negarse a entregar información alegando protección de datos personales.
Preocupación de la sociedad civil
Diversas organizaciones dedicadas a la transparencia expresaron su preocupación por el alcance de las reformas. Consideran que el proyecto, en lugar de fortalecer la privacidad, genera un retroceso en materia de rendición de cuentas.
El debate legislativo se centró en el equilibrio entre el derecho a la protección de datos y el derecho ciudadano a la información. Sin embargo, las reformas introducidas por Diputados fueron aprobadas en apenas cinco minutos, sin permitir un intercambio técnico o público de argumentos.
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La versión original del proyecto buscaba proteger información sensible como datos biométricos, bancarios, ideológicos o de salud. No obstante, el texto ratificado amplía el concepto de “dato personal” a casi cualquier información vinculada a una persona física, incluyendo datos funcionales de empleados públicos.
Organizaciones y medios advirtieron que esta ampliación podría impedir investigaciones periodísticas o solicitudes de información sobre gastos, contrataciones o antecedentes de funcionarios.
Un debate que llega al Senado
El proyecto ahora se encuentra en manos del Senado, donde su tratamiento definirá el rumbo de la política de transparencia en Paraguay. Algunos senadores ya adelantaron su intención de revisar los artículos polémicos para restablecer el equilibrio entre privacidad y rendición de cuentas.
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Mientras tanto, sectores de la oposición anunciaron que impulsarán audiencias públicas y consultas con expertos para debatir los alcances reales de la ley. La sociedad civil, por su parte, pidió que no se apruebe una normativa que limite el acceso a la información financiada con recursos públicos.
El resultado de este debate legislativo marcará un precedente en materia de derechos ciudadanos y transparencia institucional.
Fuentes: ABC Color