El ministro de Relaciones Exteriores entregó el informe de la Comisión Garrote a la Embajada estadounidense por pedido de los legisladores.
El ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez Lezcano entregó formalmente al encargado de Negocios de Estados Unidos, Robert Alter, dos ejemplares del informe final de la Comisión “Garrote”.
La entrega se realizó por solicitud expresa de la propia Comisión, que además pidió a la Embajada hacer llegar las copias al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia estadounidense. Esta gestión diplomática oficial contrasta con el contenido del documento, que no logró sustentar ninguna de las graves acusaciones formuladas inicialmente.
La denominada Comisión Conjunta de Investigación de carácter transitorio se conformó con el objetivo declarado de investigar supuestas operaciones de lavado de dinero y corrupción institucional.
Los legisladores cartistas promocionaron estas pesquisas con expectativas mediáticas elevadas, prometiendo revelaciones que impactarían el sistema político y económico nacional. Sin embargo, el informe final evidencia la ausencia total de pruebas concretas que respalden las hipótesis originales planteadas por los investigadores parlamentarios.
El análisis del documento revela que las instituciones públicas consultadas respondieron sistemáticamente que no poseen la información solicitada por la comisión. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios adoptó una postura más categórica al rechazar explícitamente el envío de documentos, argumentando que no colaboraría con procesos de persecución política.
Estas respuestas institucionales debilitaron sustancialmente la capacidad investigativa de la comisión y expusieron las limitaciones metodológicas del proceso.
Los blancos principales de la investigación incluyeron organizaciones no gubernamentales que monitorean la democracia paraguaya, medios de comunicación críticos al gobierno actual y empresas privadas vinculadas al sector financiero. Esta selección de objetivos sugiere una estrategia política dirigida contra actores que cuestionan regularmente las políticas públicas y denuncian casos de corrupción. El patrón de targets seleccionados coincide con la agenda de silenciamiento de voces críticas que caracteriza regímenes autoritarios contemporáneos.
Las organizaciones no gubernamentales afectadas han documentado sistemáticamente el deterioro democrático bajo la influencia de Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto” por el gobierno estadounidense. Los medios de prensa investigativa han expuesto vínculos entre funcionarios oficiales y redes criminales dedicadas al narcotráfico y lavado de activos. Las empresas señaladas incluyen entidades bancarias relacionadas con grupos mediáticos independientes, particularmente el conglomerado ABC que mantiene líneas editoriales críticas.
El senador cartista Dionisio Amarilla manifestó públicamente su frustración por los resultados infructuosos y amenazó con crear una nueva comisión investigativa para continuar la búsqueda de evidencias incriminatorias. Esta declaración confirma que el objetivo trasciende la investigación objetiva para convertirse en una campaña sistemática de acoso institucional. La persistencia en crear nuevos mecanismos investigativos evidencia la determinación política de mantener presión sobre los sectores críticos independientemente de los resultados obtenidos.
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La composición de la Comisión Garrote incluyó figuras políticas estrechamente vinculadas al cartismo, como los senadores Gustavo Leite (actual embajador en Washington), Colym Soroka y Dionisio Amarilla, junto con los diputados Rodrigo Gamarra, Héctor Figueredo y Jatar Fernández.
Fuente: ABC Color