Comenzó la auditoría a la gestión de “Nenecho” Rodríguez. El interventor prometió imparcialidad y el intendente criticó a los medios.



Carlos Pereira, interventor designado por el Congreso, dio inicio formal a la auditoría de la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez este martes, con una conferencia de prensa en la que delineó su plan de trabajo. El proceso se extenderá por 60 días —con posibilidad de prórroga de 30— y tiene como base un pedido de la Contraloría General de la República, que denunció presuntas irregularidades en el uso de fondos municipales.

Durante su intervención ante los medios, Pereira aseguró que su equipo trabajará con independencia política y técnica, y que no descuidará los servicios municipales mientras dure la investigación. “Será una auditoría basada en los procesos que motivaron la intervención, sin dejar de lado la gestión diaria”, indicó. Un equipo de 18 personas lo acompañará en la tarea.

El interventor adelantó que se realizará un corte administrativo para elaborar un cronograma detallado, tras lo cual se evaluará si es necesario extender el plazo de trabajo, dependiendo del volumen de documentos y del alcance de la revisión.

Por su parte, el intendente Rodríguez recibió al equipo interventor con una mezcla de apertura y confrontación. Afirmó estar dispuesto a colaborar plenamente con la auditoría, pero aprovechó para acusar nuevamente a los medios de comunicación de difundir “informaciones malintencionadas”.

“Quiero que se verifique que no desvié un solo guaraní”, declaró Rodríguez, insistiendo en que no ha cometido irregularidades. También dijo que “se causan muchos daños con suposiciones”, en referencia a las acusaciones divulgadas en la prensa.

La tensión subió cuando, ante una consulta de ABC Color sobre la independencia de la intervención, Rodríguez calificó la pregunta como una “falta de respeto” y volvió a apuntar contra los medios por “no dejarlo trabajar” durante su mandato.

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Según la Contraloría, parte del dinero recaudado mediante bonos para obras de infraestructura habría sido redirigido a gastos corrientes, violando normas presupuestarias. También se señala la falta de ejecución de varias de las obras previstas como otra irregularidad clave.

El interventor concluyó reafirmando su compromiso con la transparencia: “No habrá ningún tipo de injerencia política. Este proceso debe devolver la confianza a la ciudadanía”.

Fuente: ABC Color


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