Un contrato clave de la era Cartes vincula al puerto de Villeta con empresas conectadas al laboratorio argentino investigado por muertes por fentanilo.
Durante el gobierno de Horacio Cartes, la concesión por 20 años del puerto de Villeta fue otorgada de forma directa a PTP Group, sin licitación ni aprobación del Congreso, en aparente contradicción con la Constitución Nacional. Hoy, esa decisión vuelve al centro del debate tras revelarse los nexos entre esta firma portuaria y Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma investigado en Argentina por la producción contaminada de fentanilo.
El vínculo surge del intento de adquisición de la empresa aérea Top Air por parte de PTP Group entre 2014 y 2015, cuando esta sociedad —entonces propiedad parcial del entorno de Lázaro Báez— ya figuraba conectada con García Furfaro. Según el diario La Nación de Argentina, el laboratorio HLB y el grupo portuario compartían domicilio en Ramallo, Buenos Aires, y sus operaciones coincidían geográficamente.
Uno de los dueños del laboratorio del fentanilo mortal en Argentina tuvo acercamientos con Cartes
La firma PTP Group también está bajo la lupa judicial por supuestos vínculos con organizaciones criminales que operan en Argentina, Uruguay y Paraguay. Una de sus subsidiarias en Paraguay, PTP Warrant, fue criticada por haber recibido la concesión del puerto sin mostrar inversiones relevantes en seguridad portuaria, especialmente en tecnología para detectar cargamentos ilegales.
El contrato de concesión fue suscrito por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) bajo el argumento de una “alianza estratégica”. Sin embargo, la omisión de procesos legales como la licitación pública o la aprobación legislativa generó cuestionamientos que hoy recobran fuerza a raíz de estas conexiones empresariales.
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Ariel García Furfaro mantuvo al menos una reunión confirmada con miembros del entorno de Cartes el 24 de noviembre de 2023. Poco antes, se había iniciado el montaje de un nuevo laboratorio en la Triple Frontera, específicamente en Ciudad del Este, utilizando equipos chinos valuados en 84 millones de dólares, ingresados mediante el régimen preferencial SIRA del gobierno argentino anterior.
Los aparatos llegaron consignados a la empresa paraguaya Juno S.A., que hasta mediados de 2023 tenía como socio al senador cartista Gustavo Leite, propuesto embajador ante Estados Unidos. Aunque la participación directa de Leite cesó oficialmente en junio de ese año, los primeros equipos fueron almacenados mientras él figuraba como accionista.
Fuente: Diario La Nación Argentina