El juez penal de garantías Miguel Ángel Palacios declaró como litigante de mala fe al abogado Juan David Campuzano, quien ejerce la defensa del procesado en el caso Berilo Yamil Cabaña Santacruz, hermano del acusado en la misma causa penal Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz. Esto a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 135.
En ese sentido el magistrado sancionó al abogado Campuzano con 80 días multas, “equivalentes cada día a un jornal diario para actividades diversas no especificadas siendo el jornal diario la suma de G. 111.502, que equivale a G. 8.920.000, que deberá abonar el citado profesional, previa liquidación elaborada por la división de ingresos judiciales del Poder Judicial, en el plazo de 24 h de quedar firme la presente resolución”.
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El juez Palacios, tras ser confirmado al frente de la causa Berilo el 24 de febrero, convocó para la audiencia disciplinaria al profesional del derecho. Sin embargo, el día fijado para dicha diligencia, Campuzano no compareció y tampoco justificó su ausencia, por lo que Palacios tuvo por decaído su derecho a ser oído.
El magistrado aplicó su poder de disciplina, el cual le está habilitado por los artículos 113 y 114 del Código Procesal Penal (CPP).
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Así también, para el próximo jueves 5 de marzo, para las 8:15, el juez Miguel Palacios convocó a los acusados del caso Berilo, entre ellos Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana y otros más, a la audiencia preliminar. Cabe señalar que será el 16° intento por realizar la diligencia.
Sanción a abogado del hermano de Cucho tras incidente
De acuerdo con lo que señaló el juez Miguel Palacios en su resolución, el 6 de octubre de 2025 el abogado Juan Campuzano formuló recusación contra el magistrado “sobre la base de solicitudes jurisdiccionales denegadas por el juzgado”. Dicho incidente fue rechazado por un Tribunal de Apelación el 8 de octubre de 2025, por AI N° 281.
Sin embargo, el profesional impugnó esa decisión y la misma fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por su AI N° 67, “en razón de que la recusación no es la vía pertinente para el reclamo de cuestiones jurisdiccionales”.
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Añadió el juez Palacios que en la causa Berilo, cuya audiencia preliminar está pendiente desde el 16 de mayo de 2022, ya se registraron “varias recusaciones en, en las que tanto este juzgado como el tribunal de apelaciones han resuelto la improcedencia de una recusación basada en la disconformidad con las decisiones judiciales dictada”.
A todo ello refirió que “se puede constatar que el citado profesional (por el abogado Campuzano) se encontraba en pleno conocimiento de que la cuestión planteada bajo su patrocinio era totalmente improcedente, sin embargo de igual manera lo realizó”.
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Sobre todo eso, Palacios indicó en su resolución que “se encuentra convencido en el presente caso de que el Abg. Juan David Campuzano ha desplegado una conducta procesal lesiva del deber de no obrar con mala fe y que constituye un ejercicio abusivo de las facultades legales que proporciona el Código Procesal Penal a las partes”.
Fiscalía sostiene que Cucho financió a Ulises
El Ministerio Público señala en la acusación que la organización que lideraba Cucho introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.
El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, de acuerdo con el requerimiento conclusivo presentado por la fiscalía.
Sobre Ulises Quintana, sostiene que fue financiado por Cucho Cabaña, con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.
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Ulises habría colaborado para liberar dinero narco
Según la teoría plasmada por Fiscalía en la acusación, Ulises Quintana utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo Cucho Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.
El Ministerio Público agrega en su requerimiento que el entonces diputado colorado, como parte de la organización criminal, recibía instrucciones directas de Reinaldo Javier Cabaña. En ese sentido, Quintana Maldonado colaboró para la liberación de la suma de 184.000 dólares, previo pago de 6.000 dólares.
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La acusación fiscal añade que para ese efecto el Quintana envió a sus dos emisarios José Alarcón y Carlos Aguilar para que concreten la liberación de Diego Medina, portador del dinero que luego fue destinado a la compra de cocaína.
Dicho cargamento de droga fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil.