Casos de corrupción como los de Melgarejo, Peralta, González y Cuevas podrían prescribir ante la falta de integración de la Sala Penal de la CSJ.
Casos emblemáticos de corrupción están en riesgo de extinción debido a la desintegración de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los expedientes de figuras como Édgar Beto Melgarejo, Miguel Cuevas, Froilán Peralta y Raúl Fernández Lippmann permanecen sin resolución por falta de integración del tribunal. La Sala Penal está compuesta por Carolina Llanes (presidenta), Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Édgar Beto Melgarejo, expresidente de la Dinac, mantiene pendiente su recurso de casación por lesión de confianza desde el 28 de junio de 2024. El caso fue sobrese ído en audiencia preliminar y confirmado por la Cámara de Apelación. La fiscal Soledad Machuca planteó casación como último recurso, pero la falta de resolución amenaza con hacer que prescriba el tiempo procesal.
Miguel Cuevas, exdiputado nacional, tiene pendiente desde el 5 de enero de 2024 su recurso extraordinario de casación por enriquecimiento ilícito. Froilán Peralta, exrector de la UNA, mantiene pendiente la contienda de competencia por cobro indebido de honorarios desde febrero de 2025. Ambos casos requieren definición urgente para evitar la prescripción de la acción penal.
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Hugo Javier González, exgobernador de Central, enfrenta una causa por lesión de confianza con recusación pendiente desde julio de 2025. Raúl Fernández Lippmann acumula dos expedientes: uno por tráfico de influencias y asociación criminal (pendiente desde junio 2025) y otro por enriquecimiento ilícito (desde agosto 2025). La acumulación de casos evidencia la gravedad del problema procesal.
La desintegración frecuente ocurre por inhibiciones de miembros naturales o recusaciones de las partes. Ramírez Candia se inhibe cuando su esposa integra el Tribunal de Sentencia, mientras otros magistrados se excusan por haber intervenido previamente. Las defensas también recurren a recusaciones sistemáticas como estrategia dilatoria, aprovechando las debilidades del sistema.
Esther Roa, presidenta de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, explicó que los expedientes pendientes incluyen juicios orales, audiencias preliminares, contiendas de competencia y recursos de casación. La falta de resolución contribuye a que se acumulen los tiempos procesales y se concrete la extinción o prescripción de delitos graves de corrupción pública.
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La situación de Fernández Lippmann ilustra las deficiencias del sistema: mantiene una condena firme pero continúa presentando chicanas procesales amparadas por la inacción de la Sala Penal. Esta práctica evidencia la ausencia de una política criminal coherente que garantice señales de independencia judicial. Los magistrados inferiores replican estos comportamientos al observar la impunidad en la cúspide.
Roa responsabilizó directamente a la ministra Carolina Llanes como cabeza de la Sala Penal durante este período crítico. La abogada enfatizó que la integración podría realizarse en una semana con voluntad política genuina. La práctica nefasta de dilaciones sistemáticas debe ser revisada urgentemente para evitar que casos trascendentales de corrupción queden impunes por deficiencias administrativas y falta de compromiso institucional.
Fuente: Última Hora