La administración de Honor Colorado, liderada por el presidente Santiago Peña, ha mantenido un discurso de defensa de la libertad de expresión y la transparencia. La firma de la Declaración de Chapultepec en octubre de 2024 y las críticas de líderes oficialistas, como Bachi Núñez, a regímenes represivos como el cubano, sirven como vitrina internacional. Sin embargo, en el interior del país, se evidencia un patrón creciente de censura e intimidación orquestado por figuras de poder político y económico, ejecutado a través de la instrumentalización del sistema judicial para acallar denuncias de corrupción política.
Esta contradicción se traduce en un ataque sistemático al periodismo, donde la judicialización y el blindaje informativo se han convertido en las principales herramientas para reprimir la difusión de información crítica en el periodo 2023-2025.
El caso Machuca: cuando retuitear se convierte en delito
En enero de 2024, la jueza de Paz de Trinidad, Gloria Machuca, estableció un precedente judicial sin antecedentes en Paraguay. Su resolución ordenó al empresario y comunicador Christian Chena y al medio RDN abstenerse durante 365 días de publicar o compartir cualquier información sobre Gisele Mousques,esposa del exdirector del IPS Darío Filártiga, exasesor político de Horacio Cartes y actual embajador de Paraguay en Taiwán. La medida, amparada en la Ley 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres, surgió tras la difusión de un video que denunciaba presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social.
Lo extraordinario del fallo radicó en su alcance: la magistrada incluyó el “retuit” como acto de incitación. Según su criterio, replicar contenido en redes sociales constituía un “refrito” u “ofensa indirecta”. La abogada Alejandra Peralta Merlo, defensora de Chena y RDN, cuestionó esta interpretación: “Dice la jueza que cuando uno retuitea, hace un refrito de la publicación, eso puede ofender. Y las expresiones que vienen como consecuencia de eso, pueden calificarse como instigación, sin haber probado la instigación”.
Este criterio, calificado por expertos como una interpretación abusiva que confunde protección contra la violencia con censura previa, fue revocado por la jueza de Primera Instancia Rosanna Frutos Olguín. Frutos sostuvo que la medida violaba el artículo 26 de la Constitución Nacional, que prohíbe toda forma de censura previa, y que las publicaciones estaban amparadas por el derecho a difundir información de interés público.
Mousques presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para anular la resolución de la jueza Rosana Frutos, quien en grado de apelación revocó el fallo emitido por la jueza de Paz Gloria Machuca.
En respuesta, la organización TEDIC, junto con el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo y la Wikimedia Foundation, presentó un amicus curiae ante la máxima instancia. Este documento busca aportar una perspectiva técnica y jurídica sobre la interpretación y aplicación de la Ley 5777/16, cuyo uso indebido derivó en restricciones judiciales contra Christian Chena, accionista del medio RDN.
El blindaje institucional y la parálisis de la justicia
En agosto de 2024, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) absolvió a Machuca sin analizar el fondo del caso, archivando la acusación por prevaricato y parcialidad. Esta decisión provocó que Peralta Merlo presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2025, advirtiendo que la impunidad de la jueza sentaba un precedente grave.
Tras ocho meses de inactividad procesal, en octubre de 2025 la defensa presentó un tercer urgimiento exigiendo que la Corte se pronuncie. El escrito plantea que el prolongado silencio judicial equivale a una denegación indirecta de justicia que pone en riesgo la vigencia del derecho a la información y debilita la confianza en la independencia del sistema judicial.
El caso Machuca se ha convertido en símbolo de la censura institucionalizada por vía judicial, donde leyes de protección contra la violencia se instrumentalizan para silenciar denuncias públicas. La pregunta esencial que plantea es: ¿hasta qué punto puede el Poder Judicial restringir la libertad de expresión bajo el argumento de proteger derechos individuales? Para juristas, periodistas y organizaciones de derechos humanos, la respuesta marcará el estándar democrático de los próximos años.
Violación del secreto de fuente: ataque al periodismo de investigación
En agosto de 2023, al inicio de la administración Peña, se perpetró una de las violaciones más graves al secreto de fuente periodística, principio protegido por el artículo 29 de la Constitución Nacional. Los fiscales Aldo Cantero, Rodrigo Estigarribia y Daniela Benítez ordenaron a ABC Color y Última Hora revelar los nombres de periodistas que habían redactado notas sobre el expresidente Horacio Cartes, quien alegaba ser víctima de persecución.
Fiscales insisten en identificar a periodistas por artículos vinculados a Cartes
Esta exigencia no solo buscaba identificar informantes, sino generar un ambiente de autocensura donde periodistas y fuentes se vean disuadidos de investigar temas sensibles por temor a consecuencias legales o personales.
Estigmatización: la desacreditación como arma política
En septiembre de 2024, durante el debate legislativo sobre la regulación de ONGs, diversos actores políticos desplegaron una campaña de estigmatización contra periodistas críticos. Difundieron datos personales sobre supuestas contrataciones o vínculos laborales de comunicadores con organizaciones, insinuando falta de objetividad e independencia.
La estigmatización erosiona la reputación profesional, mina la credibilidad ante la opinión pública y busca deslegitimar cualquier crítica o investigación. Al sembrar duda sobre la integridad de los comunicadores, se pretende neutralizar el escrutinio sobre el poder.
El amparo como censura indirecta: el caso Guachiré
El amparo judicial, diseñado como garantía de derechos fundamentales, se ha transformado en herramienta de censura indirecta. El periodista Alfredo Guachiré ha enfrentado múltiples amparos para bloquear sus investigaciones. Recientemente, el expresidente Horacio Cartes y su familia interpusieron un amparo admitido por el juez Marcelo Tomás Rocholl, ordenando al Ministerio de Economía y Finanzas no divulgar información patrimonial o societaria vinculada a ellos.
La acción, presentada por el abogado Pedro Ovelar, respondió a una solicitud de acceso a información de Guachiré sobre participaciones societarias de la familia Cartes. La estrategia es evidente: dilatar el proceso, desgastar al solicitante e impedir la divulgación de datos comprometedores, distorsionando la finalidad del amparo para coartar el derecho a la información.
Agresiones físicas: la escalada de la violencia
La censura trasciende lo judicial y político, manifestándose en agresiones físicas contra trabajadores de prensa. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) han denunciado la persistencia de agresiones, amenazas y atentados.
En las últimas semanas, se registraron al menos tres ataques armados contra periodistas, afectando viviendas y vehículos tanto en el área metropolitana como en el interior. Entre los casos: ataques a periodistas del Congreso, disparos contra la residencia de un periodista de El Observador, y un ataque con bomba molotov a un periodista de PDS Digital. Además, la concejala cartista Carolina González de Árevalo denunció por violencia contra la mujer al Jefe de Prensa de la Municipalidad de Lambaré, luego de que este sufriera disparos contra su residencia.
La urgencia de una Ley de Protección
La judicialización de la prensa durante 2023-2025, sumada a la violencia física y la inacción judicial, demuestra que la libertad de prensa enfrenta una amenaza sistemática en Paraguay. La acumulación de litigios estratégicos desvía recursos del periodismo de investigación hacia la defensa legal.
Las agresiones han reavivado la urgencia de que el Congreso apruebe la postergada Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos. Su estancamiento subraya la falta de voluntad política para garantizar la seguridad de quienes ejercen el derecho fundamental a informar y ser informados. La democracia paraguaya está a prueba: entre el discurso de libertad y los hechos de censura, la distancia crece cada día.
RDN