La Cámara de Diputados convocó a una audiencia pública con los jóvenes detenidos en las protestas del 28S para abordar denuncias de abuso policial.
La Cámara de Diputados convocó para este lunes 13 de octubre una audiencia pública con los jóvenes detenidos durante las protestas del 28 de septiembre, conocidas como movilizaciones del “28S”, organizadas por la denominada “Generación Z Paraguay”. El encuentro busca abordar las denuncias de abusos policiales y violaciones de derechos humanos registradas durante las manifestaciones.
El diputado Mauricio Espínola (ANR-Añeteté), en representación de la Comisión de Derechos Humanos, cursó la invitación a los casi treinta manifestantes detenidos, así como a sus abogados defensores. La audiencia se realizará a las 9:30 en la sala de sesiones de la Cámara Baja, en el cuarto piso del edificio legislativo.
El legislador explicó que la convocatoria se enmarca en el seguimiento de las actuaciones de la comisión, que ya había verificado las condiciones de detención entre el 28 y el 29 de septiembre. Además, adelantó que el objetivo del encuentro es escuchar las versiones de los afectados y evaluar las circunstancias del operativo policial.
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En la misma jornada se espera la presencia del Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, quien previamente compareció ante la comisión para detallar las intervenciones realizadas por su institución. Ávila informó que personal a su cargo visitó la Agrupación Especializada para constatar la situación de los detenidos y posteriormente verificó las condiciones de las manifestantes lesionadas.
Uno de los casos mencionados es el de María Graciela Sánchez y su hija, quienes fueron atropelladas por una motocicleta del Grupo Lince durante la dispersión de los manifestantes. Ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital del Trauma para recibir atención médica por las lesiones sufridas.
El operativo policial durante las protestas fue duramente cuestionado por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. Según los registros, varios jóvenes fueron arrestados sin pruebas ni causas justificadas, incluso por portar objetos inofensivos como frutas o medicamentos personales.
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El Ministerio Público no formuló imputaciones contra la mayoría de los detenidos, lo que reforzó las denuncias sobre detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza. Desde distintos sectores legislativos se calificó el procedimiento como un intento de criminalizar la protesta ciudadana.
En todo este contexto, la Cámara de Diputados también aprobó aunque por desatención de la mayoría cartista una resolución declarativa que condenaba la represión policial a los manifestantes. Esta resolución sigue vigente y marca un precedente sobre la postura del Congreso ante los hechos ocurridos el 28 de septiembre.
Fuente: ABC Color