La Comisión “Garrote” solicita la emisión urgente del decreto reglamentario sobre la ley anti-ONG. También cuestiona la falta de resultados de USAID en Paraguay.
La Comisión de Investigación Antilavado, conocida como “Garrote”, encabezada por Dionisio Amarilla, presentó recientemente su informe final en el que exige al Poder Ejecutivo que emita el decreto reglamentario relacionado con la ley que regula la transparencia y el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Este decreto, según la comisión, es clave para asegurar el funcionamiento efectivo de la legislación, que busca mejorar el monitoreo de las ONG operativas.
Amarilla, presidente de la comisión y miembro del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), destacó en su intervención que la reglamentación es crucial y debe ser emitida a la mayor brevedad posible. En este sentido, enfatizó que el informe subraya la necesidad de que el Poder Ejecutivo tome medidas urgentes para hacer cumplir la ley y asegurar la transparencia de las organizaciones que reciben fondos internacionales.
El informe de la comisión también tocó aspectos de la gestión de los fondos internacionales, haciendo énfasis en el caso de USAID (la suspendida Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). En el documento, se señala que el 71% de los fondos de esta agencia, que ascendían a USD 50 millones, fueron destinados a salarios sin resultados tangibles. Este dato fue utilizado para justificar la necesidad de mayor control sobre las ONG y organizaciones extranjeras que operan en Paraguay, particularmente aquellas que reciben financiamiento internacional.
La “comisión garrote” presentó hoy su “informe”. Terminó como empezó y se desarrolló: Pisoteando la Constitución y las leyes.
Se estableció su prórroga por 60 días para que elevara su informe a las Cámaras. El plazo feneció a fines de abril. Tenían hasta las 23:59:59 del… pic.twitter.com/fuF7nx9rhU
— Ezequiel Santagada (@EFSantagada) July 14, 2025
El senador Amarilla reiteró la importancia de que este informe, ahora parte de los documentos oficiales del Senado, sea tomado en cuenta por el Ejecutivo. Resaltó que la falta de reglamentación del decreto reglamentario es un obstáculo para la implementación efectiva de la ley, y que la comunidad debe estar informada sobre estos temas de interés nacional.
En su intervención, el presidente de la Comisión “Garrote” defendió el trabajo realizado por el organismo, argumentando que la comisión cumplió con su rol y misión. Aseguró que se garantizó el principio de inocencia de aquellos investigados, y que las conclusiones fueron alcanzadas de acuerdo con los elementos objetivos recabados durante el proceso. Sin embargo, Amarilla reconoció que la obtención de datos resultó ser un desafío, especialmente por las dificultades enfrentadas con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que no facilitó la información solicitada.
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La comisión concluyó su trabajo con un informe que también admitió la falta de pruebas contundentes en algunas de sus acusaciones, particularmente en relación con las ONG y su participación en actividades críticas al Gobierno. Este hecho ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores políticos y de la sociedad, que señalan que la comisión fue creada con el fin de atacar a actores externos al cartismo, como USAID y medios de comunicación críticos.
El informe de la Comisión “Garrote” deja en claro que el proceso de control y regulación de las ONG en Paraguay sigue siendo un tema pendiente. La falta de acciones concretas por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a la reglamentación de la ley refleja las tensiones políticas y la falta de consenso sobre cómo manejar el financiamiento extranjero y la transparencia en las organizaciones no gubernamentales.
Fuente: ABC Color