El informe de la Contraloría revela maniobras de Eddie Jara para intentar justificar su patrimonio ante la DNIT. Persiste un déficit millonario sin respaldo legal.
El 18 de enero de 2026, Eddie Jara acudió a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). El ex alto funcionario presentó una rectificación de sus declaraciones del Impuesto a la Renta Personal (IRP). Esta acción legal abarca los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2020 y 2023. La movida administrativa ocurrió tras un dictamen crítico de la Contraloría General de la República (CGR).
Esta presentación se realizó exactamente 37 días después de recibir las comunicaciones oficiales del ente rector. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios está actualmente bajo la administración del director Óscar Orué. El documento presentado por Jara busca modificar los registros previos de ingresos y egresos. Según el ente de control, la intención sería ajustar los números a los hallazgos de la auditoría.
La Contraloría elaboró un informe exhaustivo de más de 170 páginas sobre la situación patrimonial del afectado. Este expediente ya fue remitido al Ministerio Público para una investigación formal y profunda. El reporte señala que el ex mandamás de Petropar alteró sus cifras fiscales de manera significativa. No obstante, las rectificaciones aún se encuentran en una etapa de revisión y aprobación pendiente.
▶️ DENUNCIA PENAL CONTRA EDDIE JARA POR DECLARACIÓN JURADA |
⚠️ La Contraloría General de la República presentó una denuncia ante la Fiscalía tras detectar presuntas irregularidades en el patrimonio del extitular de Petropar.
El organismo aclaró que el informe se basa… pic.twitter.com/qn7SeZZxLn
— DELPY (@delpynews) March 15, 2026
¿Cuál es el origen del incremento del 482% en sus ingresos?
El análisis de correspondencia reveló alteraciones drásticas en el comportamiento financiero del exfuncionario estatal. Durante el ejercicio fiscal 2023, Eddie Jara registró un aumento desproporcionado en sus ingresos totales. Según los documentos, el salto alcanzó un 482,6% en comparación con lo declarado inicialmente. En la primera instancia, el monto declarado para ese año ascendía a G. 599.454.602.
Tras la comunicación de la Contraloría, la cifra rectificada escaló meteóricamente hasta los G. 3.492.378.602. Para intentar justificar esta diferencia millonaria, el afectado presentó un contrato privado de prestación de servicios. Este acuerdo fue firmado con el ciudadano Francisco Vera Figueredo por un total de US$ 400.000. El descargo indica que dicho pago se realizó íntegramente mediante el uso de dinero en efectivo.

Esta modalidad de pago impide a los auditores verificar la trazabilidad financiera de la operación realizada. Para la Contraloría, las modificaciones resultan llamativas y carecen de un respaldo bancario que acredite el flujo. Sin embargo, Jara sostiene que el contrato es válido y justifica la disponibilidad inmediata de dicho capital. La falta de bancarización es uno de los puntos más cuestionados por los auditores estatales.
Inconsistencias graves en los egresos y activos declarados
Otra anomalía crítica detectada por la CGR corresponde al ejercicio fiscal del año 2020. En su rectificación, Jara eliminó casi la totalidad de sus gastos deducibles previamente informados al fisco. Inicialmente, el extitular de la petrolera estatal había registrado egresos por la suma de G. 515.500.000. No obstante, la nueva declaración redujo ese monto a solo G. 3.450.000 para ese periodo.
Esta reducción del 99,3% fue atribuida por el exfuncionario a la supuesta existencia de “comprobantes deteriorados”. Además, Jara presentó recibos privados comunes por el cobro de intereses que superan los G. 492 millones. Estas documentaciones fueron catalogadas por el equipo auditor como carentes de respaldo en el sistema financiero formal. Por lo tanto, no permiten acreditar la veracidad de los movimientos económicos señalados.
En diciembre pasado, la Observación N° 4 de la Contraloría ya había objetado sus activos financieros. La entidad cuestionó G. 250 millones en efectivo y otros G. 3.500 millones en cuentas a cobrar. Según los técnicos, no existen elementos que identifiquen la fuente de financiación de estos millonarios préstamos. Esta brecha patrimonial superaba ampliamente la capacidad de ahorro demostrable del exfuncionario investigado.

Persistencia del déficit financiero y derivación a la Fiscalía
A pesar de la inyección masiva de capital reportada en las rectificativas, los números siguen sin cerrar. La proyección de los auditores muestra que Jara mantiene un déficit financiero persistente en sus registros contables. Este faltante asciende a la suma de G. 1.135.850.561, incluso validando teóricamente sus nuevas declaraciones. La maniobra administrativa resultó insuficiente para cubrir los baches detectados en su patrimonio neto.
La Contraloría General de la República determinó que estas modificaciones de último momento carecen de fuerza probatoria. Por tal motivo, el ente de control derivó todo el expediente a los agentes fiscales correspondientes. Se busca profundizar en la trazabilidad del dinero recibido y la legalidad de los contratos presentados. La validez de las facturas deterioradas también será objeto de una fiscalización exhaustiva por parte de la DNIT.
Finalmente, la investigación queda en manos del Ministerio Público para determinar posibles responsabilidades legales. La DNIT deberá realizar una auditoría tributaria rigurosa sobre las nuevas cifras presentadas por el contribuyente.
Fuente: ABC Color
