Una descabellada resolución tomó el juez instructor del sumario, José Ocampos Alonzo a favor de Miguel Ángel Robles Ibarra, condenado y preso como “cerebro del esquema delictivo” en el cual, junto al exgobernador cartista de Central, Hugo Javier González Alegre, alias “Nº 2” desviaron en plena pandemia de Covid-19 unos G. 5.105.600.000 mediante obras fantasmas y ahora cumplen prisión en el Penal de Tacumbú.
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Robles Ibarra continúa hasta ahora como funcionario de la Cámara de Diputados con cargo de “asesor”. Durante la gestión de Hugo Javier se desempeño como asesor y jefe de gabinete, aunque fungió casi como un “gobernador en las sombras”.
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A través de una solicitud de Acceso a Información Pública se pudo visualizar el expediente del sumario donde se terminó beneficiando a Robles Ibarra, que, pese a estar preso desde el 6 de enero de este año, logró mantener su cargo en Diputados siendo premiado apenas con una “suspensión sin goce de sueldo”.
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Ese mismo día que ingresó a Tacumbú, la Cámara de Diputados inició el sumario contra Robles Ibarra y designó a la abogada Sirley González Palau para parte acusadora, quién solicitó la destitución de Miguel Angel Robles, sustentado en que de enero a diciembre del 2024 reportó 46 días de ausencias injustificadas, lo que constituye “falta grave” por “abandono de trabajo” y causal de despido justificado.
Ante esto, el 11 de febrero pasado, la viceministra de Capital Humano y Gestión Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso designó al funcionario del Ministerio de Salud Pública, José Ocampos Alonzo como juez instructor del sumario, y por ende, encargado de resolver el destino del acusado.
Como parte del sumario, se corrió traslado a Robles Ibarra para que haga su descargo, y este alegó que respecto a la sentencia de condena de 10 años de prisión que motivó el sumario “no ha quedado firme y ejecutoriada pues ha sido objeto de recurso de apelación” y por ende, no podría ser usada como elemento para removerlo del cargo.
En medio del proceso, el pasado 31 de marzo un Tribunal de Sentencias ratificó que Robles debía seguir con prisión preventiva en Tacumbú, tras rechazar un pedido de su defensa de que cumpla prisión preventiva mientras esperaba que eventualmente quede firme su condena.
“No cuenta con antecedentes”, alegó
Sin tener en cuenta todos estos hechos, el 7 de mayo pasado el juez instructor del sumario José Ocampos Alonzo emitió su sentencia definitiva Nº 01/2025 donde hacía lugar “parcialmente” al pedido de la Cámara de Diputados, pero “castigaba” apenas con la “suspensión en el cargo por el término de 30 días” al condenado y preso, rechazando el pedido de destitución.
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El juez alegó que el inciso “q” de la Ley 2013/93 que define el “abandono de trabajo” señala que se puede proceder al despido solamente si existe una “intimación sin respuesta del funcionario”, lo cual dijo en este caso no se dio, sin mencionar, que el estar preso no es un justificativo aceptado de ausencia.
La parte más llamativa de la sentencia de Ocampos Alonzo señala como justificativo para la sanción menos gravosa que “otro aspecto que se debe resaltar y considerar muy especialmente, es el hecho de que el sumariado no cuenta con antecedentes de sanciones por faltas graves, como resultado de sumarios administrativos anteriores”.
Incluso sin tomar en cuenta la condena a 10 años de prisión por corrupción que está cumpliendo, la carencia de antecedentes negativos previos en realidad ya es fruto de la presunta influencia y protección que siempre tuvo Robles Ibarra, de la mano del exdiputado colorado cartista, Víctor Bogado.
Esto puesto que cuando estalló el caso, el entonces gobernador Hugo Javier se vio obligado a apartar de su cargo a Robles Ibarra en diciembre de 2021 y, supuestamente, se inició un sumario que terminó en el “oparei”.
El condenado cobró su salario como “asesor” en Diputados, consistente en G. 11.000.000, hasta diciembre del año pasado (incluido aguinaldo).
Robles Ibarra no tenía ni casa
El hasta ahora “asesor” de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel de la Cruz Robles Ibarra presentó una única declaración jurada de bienes en septiembre de 2018 donde su único activo declarado era un automóvil marca Haima, valorado por él mismo en G. 160.000.000.
Es decir, no tenía ni terreno, mucho menos casa propia, ni ahorros en efectivo o cuentas bancarias. Sin embargo, en marzo pasado, cuando pidió ser beneficiado con medidas alternativas a la prisión, ofreció como caución real tres inmuebles de Ñemby, San Bernardino y Lambaré.