La operación Status se ejecutó el 11 de setiembre de 2020 de manera simultánea en Paraguay y Brasil, a cargo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal (PF), respectivamente, aunque la investigación se inició ya en el año 2014, cuando los federales brasileños incautaron en su país el primero de los 19 cargamentos de cocaína que fueron requisados de una organización criminal que movía la droga también por nuestro país.
La banda era comandada supuestamente por los brasileños Emidio Morínigo Ximenes y sus hijos Kleber García Morínigo y Jefferson García Morínigo, quienes justamente operaban desde Pedro Juan Caballero (Paraguay), aunque también tenían propiedades en el municipio vecino de Ponta Porã (Brasil).
La PF de Brasil descubrió que el Clan Morínigo blanqueaba la plata que ganaba con la venta de cocaína a través de una casa de cambios de Pedro Juan Caballero denominada Zafra Cambios, manejada por el paraguayo Julio César Duarte Servián, quien a su vez vivía en una imponente residencia de esa ciudad y que era muy conocido en la frontera por su ostentación casi provocadora.

Justamente, en aquella operación del año 2020, la Senad arrestó en Pedro Juan Caballero a padre e hijos brasileños y los entregó a la PF para que sean juzgados en Brasil.
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Ese mismo día los antidrogas de nuestro país apresaron también al cambista paraguayo Julio César Duarte Servián, aunque después fueron cayendo otros colaboradores de este, como su esposa Noelia Giménez y su socio comercial Juan Darío Echagüe González.
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También fueron procesados otros involucrados en el esquema de lavado de dinero, Víctor Javier Paredes Valenzuela y Luis Alberto Benítez Escobar.
La investigación y el juicio oral del caso Status
En la fase inicial de esta investigación, incluyendo los allanamientos del año 2020, trabajaron los fiscales Fabiola Molas, Deny Yoon Pak, Eduardo Royg, Carlos Alcaraz, Isaac Ferreira, Osvaldo García, Osmar Segovia, Ariel González, Augusto Ledesma, Jorge Encina y Marco Amarilla.
Luego de cinco años de pesquisas y tras los cambios que hubo en el Ministerio Público, el caso quedó a cargo de los fiscales Luis Amado Said Frágueda y Pamela Pérez Trinidad, quien fue la que representó a su institución en el juicio oral que duró más de un año debido a los múltiples incidentes.

Ayer lunes, el juicio oral terminó en el Palacio de Justicia de Asunción con condenas para los cinco acusados.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces David Federico Rojas Dos Santos, Dina Marchuk de Coscia y María Luz Martínez Vázquez, resolvió condenar al jefe de la organización criminal, Julio César Duarte Servián, a la pena de 18 años de cárcel.
Su esposa Noelia Giménez fue penada con 6 años y su socio Juan Darío Echagüe González ligó 13 años.
Los otros dos procesados, Víctor Javier Paredes Valenzuela y Luis Alberto Benítez Escobar sufrieron sentencias de 14 años y 12 años, respectivamente.
Todos fueron remitidos directamente a la cárcel, excepto Noelia Giménez, quien tiene hijos pequeños y que irá a prisión una vez que el fallo quede firme.
¿Qué hicieron cada uno?
Según el Ministerio Público, Julio César Duarte Servián (condenado a 18 años) “fue la persona encargada de autorizar pagos y entregas de sumas de dinero a favor de la organización criminal, los cuales eran coordinados con Robson Lourival Alcaraz Ajala (brasileño rebelde), quien era el operador financiero del Clan García Morínigo. Los mismos eran señalados en la República Federativa de Brasil como principales autores de hechos de tráfico internacional de drogas peligrosas”.
El documento detalla también que “los pagos y entregas a nombre de la organización se concretaban mayormente a través de la casa de cambios Zafra Cambios SA, sucursal de Pedro Juan Caballero, bajo la interacción directa de Julio César Duarte Servián, entidad en la cual este era accionista y donde ocupó varios cargos”.
Sobre dicha casa de cambios, el material dice “fue utilizada como banca de la organización criminal, según la información transmitida por Brasil, a fin de no llamar la atención al trasladar hasta o desde allí altas cifras de dinero que entraban o salían y que tenían como destino el pago de todo lo que constituía la organización del Clan García Morínigo, capital a integrar en sociedades, como también para la adquisición de vehículos de alto valor, inmuebles, entre otros gastos que corrían a cuenta de la organización, lo cual era controlado en un sistema paralelo y de no registración oficial al legal de la casa de cambios”.
“En esa línea, Julio César Duarte Servián tiene registrados a su nombre varios bienes, muebles e inmuebles de gran valor adquiridos con el dinero proveniente del tráfico de drogas, a partir de su función dentro del esquema, sin embargo, su movimiento en el sistema financiero legal no refleja todo ello, precisamente porque evitaba que los filtros de control de las autoridades competentes logren detectarlos”.
En cuanto a Noelia Giménez (condenada a 6 años), “realizó una variedad de operaciones financieras para asistir a su esposo, tanto a través de Zafra Cambios SA, sucursal Pedro Juan Caballero, donde ocupó el cargo de directora interina y posteriormente directora titular durante los años 2016 y 2017. Igualmente, con el fin de transformar y legitimar los bienes que proceden de las actividades delictivas relacionadas al lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas peligrosas, con ello facilitó el movimiento de fondos para ocultar y disimular el origen ilícito de los mismos, constituyendo una sociedad anónima y realizando la compraventa de bienes de alto valor a su nombre, con el beneficio del lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas”.
Juan Darío Echagüe González (condenado a 13 años), “operaba como accionista y propietario de Zafra Cambios SA, sucursal de Pedro Juan Caballero. Sus funciones fueron coordinadas con Julio César Duarte Servián, persona encargada de autorizar la realización de pagos y entregas de sumas de dinero, en favor del Clan García Morínigo. En tal sentido es titular de varios bienes muebles e inmuebles, en forma personal, como también en calidad de condómino de Julio César Duarte Servián”, dice la explicación oficial.
Víctor Javier Paredes Valenzuela (condenado a 14 años), “actuó, según los datos obtenidos, como testaferro del Clan García Morínigo al constituir en fecha 22 de setiembre de 2016 la sociedad anónima denominada Grupo Factor, junto con Luana Aparecida García Morínigo, hija de Emidio García Morínigo, líder del esquema de tráfico internacional de drogas peligrosas. Se acreditó con las pruebas colectadas que Víctor Javier Paredes Valenzuela participó como testaferro de una asociación organizada, dirigida a la comisión de hechos punibles, en este caso, el lavado de activos provenientes del tráfico internacional de drogas peligrosas en coordinación con Robson Lourival Alcaraz Ajala como parte del esquema criminal liderado por el Clan García Morínigo”.
Luis Alberto Benítez Escobar (condenado a 12 años), “formaba parte del primer directorio de Grupo Factor SA, empresa creada por los García Morínigo con la finalidad de ocultar los activos provenientes del tráfico internacional de drogas. Mismo cargo ocupó en otra firma vinculada a la organización criminal de los García Morínigo, denominada Stylus Pet Shop S.A, empresa constituida por Robson Lourival Alcaraz Ajala e Isaura Sánchez Freitas (pareja, ambos rebeldes a la fecha). Ejerció el rol de contador, existiendo incompatibilidad de funciones respecto a ello, pero principalmente dio con ello aspecto formal a las empresas constituidas por el grupo criminal con la finalidad de ocultar el movimiento de los activos provenientes del tráfico internacional de drogas”.