Legisladores reprogramaron para el próximo miércoles el análisis de la estafa que afecta a 17.000 personas, tras priorizar el debate sobre la Caja Fiscal.



La Comisión Permanente del Congreso celebró su primera sesión ordinaria con un cambio inesperado en la agenda. Aunque el caso de la llamada “Mafia de los pagarés” figuraba como primer punto del día, fue pospuesto por decisión de la mesa directiva, que optó por priorizar la exposición del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, sobre la situación de la Caja Fiscal.

Este giro contradice el discurso inicial del Congreso, que había prometido dar prioridad a este escándalo de alto impacto social. Se estima que unas 17.000 personas han sido víctimas de este esquema. La discusión fue reprogramada para una sesión extraordinaria que se realizará el miércoles 21 a las 10:00.

Cambio de agenda y nuevas fechas

Colym Soroka, presidente de la Comisión Permanente, calificó el cambio como una “corrección” y agradeció la colaboración del senador Rafael Filizzola, quien preside la comisión especial que investiga el caso. Soroka explicó que el cambio fue necesario para no interferir con la presentación del ministro Valdovinos.

Filizzola, por su parte, expresó su preocupación por una posible postergación indefinida del tema. Ante su insistencia en fijar una nueva fecha, el diputado Alejandro Aguilera propuso que el debate se traslade al miércoles siguiente, lo cual fue aprobado por el pleno.

Las víctimas del esquema exigen respuestas inmediatas. Muchos de ellos ya perdieron toda confianza en el Poder Judicial y algunos incluso piden el juicio político de los ministros de la Corte. El nuevo aplazamiento incrementa la frustración de quienes esperan justicia.

¿Silencio político y vínculos con el oficialismo?

La sesión extraordinaria buscaba, originalmente, convocar a los nueve ministros de la Corte Suprema para evaluar si las leyes existentes contra este tipo de estafas se están aplicando correctamente. Legisladores temen que, si no se fiscaliza la implementación, las normativas queden en letra muerta.

Mientras tanto, ciertos sectores políticos han sido criticados por su silencio ante el avance de la investigación. Algunos nombres vinculados a esta red de estafas tendrían conexiones con el oficialismo, lo que añade tensión política al proceso.

El Congreso tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de responder a las víctimas y demostrar que está dispuesto a enfrentar una red criminal que afecta a miles de paraguayos.

Fuente: ABC Color


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