Con base en auditorías, la Contraloría General detectó un daño patrimonial de USD 160 millones al Estado y elevó los informes con indicios a la Fiscalía.
La Contraloría General de la República (CGR) reportó este lunes un perjuicio económico superior a los USD 160 millones, detectado mediante auditorías y fiscalizaciones correspondientes al ejercicio 2024. El informe fue presentado ante el Senado por el contralor Camilo Benítez, en cumplimiento del mandato constitucional.
Los resultados fueron obtenidos a partir de controles financieros, evaluaciones de cumplimiento normativo y revisiones internas en distintas instituciones públicas. Según el informe, se identificaron fuertes indicios de hechos punibles que comprometerían recursos estatales en diversas áreas.
CONTRALORÍA PRESENTA INFORME DE GESTIÓN |
➡️El Contralor de la República Camilo Benitez, presentó el informe y memoria del año 2024 al Congreso Nacional.
➡️El reporte de «indicios de hechos punibles» asciende a más de 160 millones de dólares que remitieron al Ministerio… pic.twitter.com/IHBpXhv8qu
— Radio 780 AM (@780AM) June 30, 2025
La presentación tuvo lugar a pocos meses de la entrada en vigencia de la Ley N.º 7389/23 de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Esta normativa refuerza las atribuciones de la CGR y promueve un enfoque preventivo para combatir la corrupción estructural en el sector público.
Como establece la Constitución Nacional, la Contraloría remitió los informes con presuntos hechos punibles a la Fiscalía General del Estado. El objetivo es facilitar la apertura de investigaciones y, eventualmente, impulsar causas penales basadas en las evidencias recabadas.
El informe anual también destaca avances en mecanismos como auditorías de cumplimiento, control de legalidad y seguimiento del control interno institucional. Estas herramientas permitieron sustentar con mayor solidez los hallazgos reportados.
En el ámbito político, la presentación generó distintas reacciones. Algunos sectores valoraron el rol activo de la Contraloría en la prevención y denuncia, mientras que otros pidieron detalles específicos sobre los entes y funcionarios involucrados en los casos elevados al Ministerio Público.
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El siguiente paso recae ahora en la Fiscalía, que deberá analizar los informes y definir si se abren investigaciones preliminares. La ciudadanía y el Congreso Nacional esperan transparencia y celeridad en este proceso.
El informe representa un hito en la lucha institucional contra la corrupción, al marcar una intervención directa de la CGR ante el Ministerio Público. Sin embargo, su verdadero impacto dependerá del desarrollo de las investigaciones y de si los responsables identificados rinden cuentas ante la justicia.
Fuente: El Nacional