11 de diciembre de 2025 – 12:25

La Corte Suprema de Justicia estudiará la acción de inconstitucionalidad presentada por el intendente electo de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC), condenado por lesión de confianza al comprobarse que usó dinero de los contribuyentes para pagar una cuota de su camioneta.

El cartista Hilario Adorno, intendente electo de Puerto Casado, no acepta la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción de junio pasado que lo condenó a 3 años y ocho meses de cárcel y lo apartó de la administración municipal.

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Tampoco aceptó el acuerdo y sentencia , emitido en octubre pasado por el Tribunal de Apelación en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción que confirmó su ida a la cárcel, por lesión de confianza y administración en provecho propio.

El cartista sostiene que ambas resoluciones vulneraron varios artículos de la Constitución Nacional, en especial lo que tiene que ver con el derecho a la defensa, a la prohibición del uso de pruebas obtenidas de forma ilícita, al debido proceso, así como a los artículos 1, 19 y 125 del Código Procesal Penal.

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En el escrito judicial se argumenta que las resoluciones cuestionadas incurrieron en arbitrariedades y falta de fundamentación clara, prolongación indebida de la etapa preparatoria, introducción de una segunda imputación encubierta, violando el principio de legalidad, valoración incorrecta de pruebas.

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Agregan que dentro del proceso se incluyeron documentos y testimonios considerados por la defensa como contaminados y afirmaciones del Ministerio Público que, según Hilario Adorno, se realizaron sin sustento concreto y sin permitir el ejercicio pleno de la defensa.

Los ministros Víctor Ríos, Gustavo Enrique Santander Dans y César Diesel coincidieron en que la presentación reúne los requisitos formales exigidos por el Código Procesal Civil y la ley 609/1995, norma que regula la tramitación de acciones de inconstitucionalidad.

En sus votos, los magistrados señalaron que la demanda individualiza claramente las resoluciones impugnadas, expone con precisión y claridad los presuntos agravios constitucionales y cumple los requisitos de forma y contenido para su admisión.

En consecuencia, la Sala Constitucional resolvió ordenar la remisión de los autos principales para el estudio correspondiente y continuar el trámite legal de la acción.

Con la acción admitida, el expediente será analizado en su fondo para determinar si, efectivamente, las resoluciones judiciales atacadas quebrantaron garantías constitucionales.

Debido a la imposibilidad de que Hilario Adorno ejerza el cargo, por prohibición judicial, asumió de manera interina el colorado Domingo Vera, acto que también fue cuestionado por el cartista condenado y fue definido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que confirmó a Vera como encargado de administrar el municipio hasta el 2026.

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