El presidente Santiago Peña solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) un examen de correspondencia a sus declaraciones juradas (DD.JJ.), presentando una actualización de sus bienes.
Esta acción surge tras la denuncia penal de legisladores opositores por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, y el escándalo sobre la supuesta aparición de sobres con miles de dólares en efectivo en Mburuvicha Róga.
En comunicación con ABC, el abogado Felino Amarilla cuestionó varios aspectos sobre el proceder del presidente tras los numerosos cuestionamientos.
—Abogado, ¿qué opina sobre la última actualización ante la CGR?
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—Por lo que se puede ver a simple vista, el presidente Peña, ante las denuncias de los medios de comunicación y de parlamentarios, decidió ajustar los números de su patrimonio con la colaboración de técnicos especializados para que puedan, digamos, formalizar los montos de sus ingresos y de su patrimonio, a fin de poder adecuar a una realidad pública y, sobre todo, teniendo en cuenta que en la DD.JJ. de 2023 existían lagunas y preguntas muy importantes que siguen sin aclararse.
—¿Cuáles serían esas preguntas?
—Por ejemplo, no niega ni afirma y tampoco explica cómo 1.500 acciones privilegiadas de la serie K de Credicentro, compradas en marzo de 2019 por él, junto a un grupo muy selecto de personas allegadas a Horacio Cartes, se convirtieron en 6.144 acciones de Ueno Holding, según su declaración.
Ueno Holding Saeca, en 2022, se llamaba Credicentro y allí solamente tenía 1.500 acciones equivalentes a G. 1.500 millones. Solamente ahí tenemos una diferencia de casi G. 5.000 millones.
—¿Debió hacer esa explicación en la declaración ante la CGR o por otro medio?
—Acá tenemos que tener en cuenta de que el presidente escogió el camino de la formalidad al presentar su declaración ante la CGR. Él quiere dar visos de verosimilitud a toda la documentación exigida por la ley, pero eso no significa que sea verdad. Una cosa es estar formalizado. ¿Y qué significa eso? Cumplir con los recaudos en base a la documentación pertinente.
Vuelvo al hecho para mí determinante. Él deja de ser ministro de Hacienda en 2017 con un patrimonio neto de G. 1.007 millones. Pasa al sector privado una vez finalizada la campaña, que es derrotado por Mario Abdo en 2018, y luego pasa a integrar el staff ejecutivo del Banco Basa.
Siendo ejecutivo del banco en marzo de 2019, él compra 1.500 acciones de Credicentro, perteneciente al Grupo Vázquez. Esas 1.500 acciones se reproducen a 6.144 en su DD.JJ. de 2023 y Credicentro simplemente cambió su denominación en 2022, pasándose a llamar Ueno Holding.
—Insisto, ¿debió detallar ese incremento en la declaración reciente?
—Mire, yo no soy experto en derecho tributario ni financiero. Yo simplemente estoy llamando la atención a un hecho que, para mí, es determinante. Pasa que el funcionario con G. 1.007 millones en agosto de 2017, en marzo de 2019 ya compra acciones por G. 1.500 millones. Es decir, en un año, Santiago Peña, cuando pasa al Banco Basa, incrementa su patrimonio neto y ya tiene G. 1.500 millones de sobra para adquirir las acciones privilegiadas serie K de Credicentro.
Este periodo de participación como funcionario privado del Banco Basa y su acercamiento al Grupo Vázquez que hoy maneja Ueno Holding, Ueno Bank, Ueno todo… que es, nada más y nada menos, que el mayor recibidor de fondos del estado paraguayo en operaciones con el IPS y otras reparticiones del Estado. Es lo que hace presumir que exista una colusión entre el presidente de la República y el Grupo Vázquez. Esos son los datos y los hechos que no pueden ser dejados de tener en cuenta, que él está formalizando.
Si uno simplemente analiza la formalización, vemos que en su declaración jurada última, él aparece con una inversión en efectivo en Ueno Bank de G. 5.600 millones y al mismo tiempo reconoce deber al mismo banco G. 1.640 millones.
Entonces, cuando se haga la conciliación, me imagino que va a significar que fue el resultado de la operación de la venta de las 6.144 acciones, hecho que ocurrió en marzo de 2025, cuando Ueno Holding es absorbido por el Grupo Vázquez. Esta situación nos permite pensar que hubo un proceso de blanqueo, porque si el Grupo Vázquez compra las acciones de Peña en G. 6.144 millones, que es lo que él tenía declarado en la declaración anterior, esos G. 6.144 millones deben ingresar como efectivo en la cuenta de Peña.
Eso se nota en la operación de la declaración última, pero al mismo tiempo también tenemos que aparece casi igual suma en aplicación de la construcción de la casa de San Bernardino.
Es decir, existen muchas suspicacias que están siendo tratadas de explicar con esta declaración, pero lo que no está claro bajo ningún sentido es el crecimiento de su patrimonio, sobre todo vinculado a empresas que hoy son tomadores de dinero del propio Estado paraguayo.
—¿Encuentra otros aspectos no respondidos?
—La primera explicación que no existe es lo ya he señalado sobre el crecimiento de las acciones.
La segunda cuestión llamativa es el tema en su declaración de gastos. Él reconoce tener un egreso mensual de G. 73 millones. Y cuando vamos al rubro vestimenta, él dice que gasta G. 2.500.000. Pero resulta que tenemos una grabación que no fue negada por la primera dama, donde ordena comprar artículos de lujo de vestuarios por G. 60 millones en efectivo. Además, en ninguna parte figuran la colección de relojes Rolex que Peña usa habitualmente.
En tercer lugar, la explicación sobre la casa de San Bernardino que reconoce tener un valor de US$ 1 millón, aproximado. Todas las vinculaciones con las empresas en las cuales él es acreedor o deudor son con empresas que tienen vínculos muy estrechos con el Estado que él preside, cómo Grupo Vázquez o Gómez Abente. Es un hecho llamativo porque hay conflictos de intereses.
Eso crea un estado de suspicacia muy importante. Él consignó una deuda con la empresa constructora de G. 2.119 millones que le debe a la firma Gómez Abente. Es decir, tenemos una serie de datos y señales de conflicto de intereses.
—¿Cuál debería ser el proceder en este caso del presidente para dar una respuesta sobre estas interrogantes?
—Si la formalidad está cubierta, no significa que sea ética, porque la relación familiar con contrataciones del Estado que preside el presidente no es ética. Puede que sea legal, pero no es ética. En un estado como el nuestro, donde la corrupción forma parte del día a día de nuestro país, donde todo está denunciado y nada está castigado. Estamos dentro de la formalidad de la corrupción, pero eso de ninguna manera es ético, porque eso está generando enriquecimiento indebido en un sector muy cercano al presidente de la República.
—¿Usted cree en el trabajo que realizaría la Contraloría?
—Yo tengo la obligación de presumir la buena fe de todas las partes. Pero viendo el rol de la Fiscalía hasta hoy día en relación a este caso y a otros casos de denuncia de corrupción, y viendo la actuación complaciente en muchos casos donde la CGR liberó a intendentes o políticos afines al gobierno en situaciones de corrupción, hay muchas dudas y angustias en ese sentido de que la impunidad es la que reina en Paraguay y no la legalidad.