Datos de Contraloría revelan que el intendente Hernán Rivas auto-adjudicó G. 1.200 millones a un consejo que él mismo preside.
La Contraloría General de la República detectó una posible irregularidad en la administración del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Isidro Rivas (ANR-HC), quien habría adjudicado G. 1.200 millones a un consejo presidido por él mismo. Según documentos filtrados del informe preliminar, los fondos fueron transferidos al Consejo de Desarrollo Distrital, liderado por el propio jefe comunal entre julio y octubre de 2022.
El consejo beneficiado estaba integrado además por funcionarios municipales. El concejal Yreneo González Brítez actuaba como vicepresidente, mientras que Fátima Cristina Méndez, también funcionaria, figuraba como miembro. Esta triangulación de cargos públicos dentro de una instancia receptora de fondos fue señalada como una posible violación a la Ley N.º 3966/10 Orgánica Municipal, que prohíbe a los intendentes recibir ventajas indebidas derivadas de su cargo.
Los fondos adjudicados supuestamente serían destinados a la construcción de puentes, perfilado y canalización de caminos. Sin embargo, el concejal Adalberto Caballero indicó que las obras ejecutadas fueron mínimas, y en algunos casos fueron realizadas por los propios vecinos, utilizando máquinas y combustible municipales. También denunció que una empresa tercerizada facturaba por servicios que la municipalidad ejecutaba directamente, generando un doble gasto.
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El subcontralor Augusto Paiva solicitó que el intendente remita su descargo antes del 31 de julio, fecha límite para elevar el informe final al Congreso. Este será analizado por la Comisión de Cuentas y Control, que podría recomendar la intervención del municipio si se comprueban irregularidades administrativas o uso indebido de fondos públicos.
La comuna de Tomás Romero Pereira arrastra desde hace más de un año un segundo pedido formal de intervención, impulsado por concejales municipales. El balance anual de gestión del intendente fue rechazado por cuarta vez y existen al menos siete denuncias penales ante el Ministerio Público. Sin embargo, según los denunciantes, no hubo avances significativos en las investigaciones ni respuestas institucionales desde la Fiscalía.
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El concejal Caballero cuestionó además el comportamiento de diputados que, en una visita anterior, se negaron a bajar del vehículo para escuchar a los vecinos. Dijo que la situación refleja una protección política al intendente Rivas, padre del senador cartista David Hernán Rivas, lo que según él obstaculiza una fiscalización real de los recursos públicos en el distrito.
Fuente: ABC Color