Esperanza Martínez y Yolanda Paredes denunciaron un esquema de “peaje” en el Senado, donde funcionarios deben ceder parte de sus salarios.



Las senadoras opositoras Esperanza Martínez y Yolanda Paredes denunciaron la existencia de un esquema de cobro de “peaje” a funcionarios del Congreso Nacional, según el cual algunos legisladores exigirían parte de los salarios de sus empleados como condición para mantenerlos en sus puestos. Las acusaciones fueron dadas a conocer este viernes en declaraciones a medios de prensa.

Martínez, integrante del Frente Guasú, afirmó que recibió testimonios de funcionarios y colegas que apuntan a que ciertos senadores descuentan entre uno y tres millones de guaraníes de los salarios de sus subordinados. La legisladora calificó esta práctica como un abuso de autoridad y sostuvo que constituye una conducta incompatible con el servicio público.

Por su parte, Paredes, representante de Cruzada Nacional, señaló que este tipo de exigencias funcionarían como un “peaje” a cambio de haber conseguido el cargo en la Cámara Alta. Según explicó, la situación es considerada por muchos como un “secreto a voces” que se arrastra desde hace años en el Congreso paraguayo.

Las legisladoras sostuvieron que este mecanismo afecta principalmente a funcionarios con salarios más bajos, quienes se ven forzados a renunciar o a aceptar la condición para conservar sus empleos. Paredes indicó que varios trabajadores afirmaron haber renunciado porque, tras el descuento, sus ingresos no les permitían cubrir sus necesidades básicas.

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Martínez comentó que el tema fue planteado formalmente ante el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez del Partido Colorado, a quien se solicitó la apertura de una investigación interna. Señaló que resulta imprescindible esclarecer estos hechos para preservar la confianza ciudadana en las instituciones.

La parlamentaria subrayó que, aunque las denuncias pueden ser difíciles de comprobar, una investigación seria podría obtener pruebas mediante el análisis de transferencias bancarias y declaraciones juradas de ingresos de los funcionarios afectados.

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Paredes coincidió en que la falta de control interno permite que estas prácticas se perpetúen, y pidió implementar mecanismos de denuncia seguros y confidenciales que protejan a los trabajadores de posibles represalias.

Ambas legisladoras concluyeron que es necesario transparentar el uso de los recursos públicos y sancionar cualquier acto de corrupción dentro del Congreso, ya que este tipo de prácticas deteriora aún más la imagen del Parlamento ante la ciudadanía.

Fuente: ABC Color


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