El concejal Isaac Rojas presentó una denuncia penal ante la Fiscalía. La investigación apunta al presunto uso irregular de fondos de inversión para pagar honorarios profesionales a funcionarios tras la venta de terrenos al Senacsa.
La Fiscalía investiga un presunto esquema de cobros irregulares en la Municipalidad de San Lorenzo. El concejal Isaac Rojas presentó una denuncia penal contra el intendente Felipe Salomón. También incluyó a los abogados Héctor Parodi y José David Macedo en la acción judicial. La Contraloría General de la República ya tomó conocimiento formal de la situación. El caso gira en torno a honorarios profesionales pagados durante el ejercicio fiscal 2023. Esta situación genera una fuerte tensión política en la ciudad universitaria actualmente.
Rojas sostiene que el jefe comunal autorizó pagos indebidos a sus propios asesores jurídicos. Según el documento judicial, se habría violado la Ley 2796 que reglamenta estos honorarios. La normativa prohíbe el ejercicio simultáneo de funciones públicas y actividades profesionales remuneradas vinculadas al ente.
Los denunciados desempeñan cargos de director y vicedirector jurídico dentro de la institución municipal. Por lo tanto, no podían percibir regulaciones adicionales por juicios de la propia municipalidad. La denuncia busca determinar si existió un aprovechamiento ilegal de los fondos públicos.
El edil señala que el intendente colorado incurrió en el delito de lesión de confianza. Por su parte, los abogados enfrentarían cargos por el presunto cobro indebido de honorarios profesionales. Como evidencia principal, Rojas presentó una auditoría realizada a la rendición de cuentas del periodo anterior. El análisis detectó que fondos de inversión fueron desviados para cubrir estos gastos de capital. Esta maniobra contable es uno de los puntos centrales que deberá esclarecer la justicia. Los ciudadanos exigen transparencia total sobre el destino de sus impuestos municipales.
Pagos vinculados a la venta de tierras al Senacsa
Los recursos económicos habrían salido originalmente de un programa municipal de inversión ciudadana. El dinero se utilizó para cancelar honorarios regulados judicialmente por terrenos vendidos al Senacsa. El concejal denunciante resalta que estos pagos se realizaron de forma totalmente irregular y arbitraria. Además, indica que pidió explicaciones formales a la Intendencia desde hace meses sin respuesta alguna. La falta de transparencia institucional motivó finalmente el traslado del expediente al Ministerio Público.
San Lorenzo: denuncia penal tras escándalo por millonario cobro de abogados
Tras el escandaloso cobro que habrían percibido de manera irregular los abogados Héctor Parodi y José David Macedo, en presunta complicidad con el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, por la… https://t.co/PuiLjI92ii pic.twitter.com/nTKxDdz79S
— Radio Ñandutí (@nanduti) March 18, 2026
El caso de San Lorenzo saltó a la luz tras el escándalo del abogado José González en el IPS. Rojas comparó ambas situaciones para destacar la magnitud de los montos manejados en la ciudad. “El director jurídico de IPS fue destituido por cobrar G. 412 millones”, recordó el concejal liberal.
Mientras tanto, el intendente habría pagado “G. 3.200 millones en honorarios profesionales a sus funcionarios”.
Sobre el momento de la denuncia, Rojas negó cualquier tipo de motivaciones proselitistas o electorales. Manifestó que siempre ejerció su rol de contralor desde que asumió su banca municipal. Recordó que votó en contra de todas las rendiciones de cuentas entre el 2023 y 2025. Según el edil, las irregularidades en la gestión de Felipe Salomón son constantes y muy graves. Por lo tanto, la denuncia busca proteger el patrimonio de todos los contribuyentes sanlorenzanos.
Postura oficial de la Municipalidad de San Lorenzo
La Municipalidad emitió un comunicado institucional para rechazar tajantemente todas las acusaciones vertidas. La institución calificó las informaciones difundidas en los medios de comunicación como totalmente falsas. Aseguraron que en ningún momento se realizó un desembolso por la suma de G. 3.200 millones. La administración sostiene que dicha afirmación carece absolutamente de veracidad y sustento documental. La Comuna busca calmar los ánimos ante las graves denuncias fiscales presentadas.
Finalmente, la Municipalidad se puso a disposición de los organismos competentes para colaborar con la investigación. Prometieron brindar toda la documentación que sea requerida por la Fiscalía General o la Contraloría.
Fuente: ABC Color/Ñanduti