Diputados aplazaron por 90 días los pedidos de intervención a seis municipios cuestionados. La decisión generó denuncias de encubrimiento político.
La Cámara de Diputados decidió aplazar por 90 días el tratamiento de los pedidos de intervención a seis municipios, en una sesión marcada por tensiones políticas. El planteamiento fue presentado por el diputado liberocartista Marcelo Salinas, cuya esposa también ejerce como intendenta y se encuentra cuestionada por denuncias de corrupción.
Los distritos afectados por esta decisión son Lima (San Pedro), Ybyrarobana (Canindeyú), Ñemby (Central), Emboscada (Cordillera), Tomás Romero Pereira (Itapúa) y Yby Yaú (Concepción). Con la postergación, el análisis de las intervenciones se traslada a diciembre, con el riesgo de que recién se debata después del receso parlamentario.
El diputado Roberto González, de la ANR disidente, presentó una moción de reconsideración para reducir el plazo de aplazamiento a ocho días. Argumentó que los pobladores de los distritos merecen respuestas rápidas sobre la gestión de sus administraciones. Señaló que postergar el debate equivale a ser cómplices o encubridores de hechos de corrupción.
La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), junto a Raúl Benítez (independiente), Daniel Centurión (ANR disidente) y Johanna Ortega (País Solidario), respaldaron la moción de González. Sin embargo, la reconsideración necesitaba 54 votos para prosperar, pero solo obtuvo 17 adhesiones frente a 26 votos en contra.
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González recordó que varios legisladores defienden a intendentes cuestionados porque esperan, en el futuro, recibir el mismo respaldo cuando deban enfrentar situaciones similares. Subrayó que la ciudadanía necesita ver transparencia y responsabilidad en la administración pública.
El diputado Salinas, por su parte, defendió su propuesta alegando que se requería mayor tiempo para analizar los casos. Sin embargo, opositores cuestionaron la decisión y señalaron el conflicto de intereses, considerando que su esposa, Carolina Aranda, intendenta de Mariano Roque Alonso, también enfrenta cuestionamientos.
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La postergación de las intervenciones ocurre en un contexto de creciente presión ciudadana por mayor control en la gestión municipal. Los casos señalados incluyen denuncias por irregularidades administrativas, supuestos desvíos de fondos y deficiencias en el uso de recursos públicos.
Con esta decisión, los pedidos de intervención se debatirán recién en diciembre, aunque legisladores de la oposición advirtieron que podrían quedar sin tratamiento efectivo hasta marzo del próximo año, tras el receso parlamentario. Esto mantiene en incertidumbre a los distritos involucrados y reaviva las críticas por falta de celeridad en el Congreso.
Fuente: Última Hora