Diputados sancionan Sistema Nacional de Pagos con polémica facultad del BCP para exigir separación estructural de empresas.
La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley del Sistema Nacional de Pagos en sesión ordinaria, pese a las objeciones del sector bancario y la oposición parlamentaria. La normativa es cuestionada por un artículo que otorga potestad al Banco Central del Paraguay para exigir la separación estructural de empresas que cumplan varios roles dentro del sistema financiero.
Los diputados oficialistas dieron sanción al proyecto este martes, mientras que la oposición pidió postergar el tratamiento o modificar el artículo 4, cuestionado por la procesadora Bancard y la Asociación de Bancos del Paraguay. Los legisladores opositores solicitaron más tiempo para estudiar detenidamente los incisos e y q, considerados los puntos más polémicos de la iniciativa.
El inciso e determina la facultad del BCP de reglamentar y definir los roles dentro del Sistema Nacional de Pagos, incluyendo criterios organizativos, funcionales y de transparencia. Establece que cuando una misma persona física o jurídica participe simultáneamente en más de un rol, el BCP podrá exigir medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional y contable.
La normativa faculta al Banco Central para requerir a las entidades involucradas la presentación de un plan de separación estructural que detalle las medidas a adoptar y los plazos previstos. El organismo queda facultado para aprobar, modificar o rechazar estos planes con base en criterios de eficiencia, transparencia y resguardo del interés público.
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Además, el inciso q prevé la posibilidad de suspender e incluso dejar sin efecto las decisiones adoptadas por un administrador o proveedor de servicios dentro del sistema. Esta disposición permite al BCP adoptar las medidas que considere oportunas para mantener el funcionamiento adecuado del sistema de pagos nacional.
El diputado opositor Raúl Benítez pidió postergar el estudio del proyecto, moción que no prosperó. Benítez sostuvo que la normativa no busca favorecer al mercado, sino beneficiar a un banco afín al Gobierno, y cuestionó que el artículo discutido no fue introducido por el BCP, sino agregado por la Presidencia de la República.
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La diputada independiente Alexandra Zena solicitó el rechazo de la iniciativa debido a la premura en el tratamiento. Sostuvo que la futura ley podría ser objeto de judicialización por ambigüedad legal y advirtió sobre posibles recursos de inconstitucionalidad o de amparo. El diputado Freddy Franco manifestó que este tipo de medidas afecta la imagen país ante posibles inversionistas, calificando la situación como una dictadura financiera que golpea al sector empresarial por su éxito en el mercado.
Fuente: Última Hora