Se activó el proceso de intervención para las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción. La oposición denuncia motivaciones políticas.
Este miércoles al mediodía ingresaron oficialmente a la Cámara de Diputados los pedidos de intervención de las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción. Así lo confirmó el titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre. A partir de ahora, se activan los plazos legales establecidos para analizar ambas solicitudes, que afectan a dos figuras políticas antagónicas: el opositor Miguel Prieto y el oficialista Óscar “Nenecho” Rodríguez.
La remisión de los pedidos fue realizada por el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, quien los trasladó desde el Poder Ejecutivo luego de recibir los dictámenes correspondientes por parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el origen del requerimiento: en vez de las Juntas Municipales, fue el contralor general Camilo Benítez quien elevó el pedido, un hecho inusual en estos procesos.
La decisión ya generó fuertes críticas en el Congreso. Desde la oposición se advierte que la maniobra responde a una estrategia del cartismo para desplazar a Prieto, una figura creciente en el espectro político nacional. Señalan que Ciudad del Este es un distrito clave que el Partido Colorado busca recuperar tras años de control opositor, y ven en esta jugada un intento de reactivar el poder del clan Zacarías en Alto Paraná.
El trámite ahora entra en su etapa legislativa. Según lo establece el artículo 165 de la Constitución Nacional y la Ley 317/93, la Cámara de Diputados deberá conformar comisiones especiales —una por cada caso— que se pronuncien dentro de los próximos 15 días hábiles. Sus dictámenes no son vinculantes, pero deben ser considerados por el pleno, que podrá aceptar o rechazar la intervención por mayoría simple.
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En caso de ser aprobada la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor en un plazo máximo de 15 días. Este funcionario asumirá por 90 días la administración del municipio afectado, mientras se investigan las supuestas irregularidades. Tras ese periodo, la Cámara de Diputados decidirá la destitución o reposición del intendente, en base al informe final que presente el interventor.
Ambas solicitudes se tratarán de forma separada, según aclararon fuentes legislativas, aunque el trasfondo político pone bajo el mismo foco dos gestiones marcadamente distintas.
Fuente: ABC Color