El gobierno de Santiago Peña cumplió dos años marcado por retrocesos, promesas sin cumplir y programas de bajo impacto social.
Los primeros dos años de gobierno de Santiago Peña han estado caracterizados por constantes reculadas, un extenso catálogo de promesas electorales incumplidas y la implementación de costosos programas gubernamentales que han mostrado bajo impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. A pesar de contar con amplias mayorías parlamentarias y carecer de obstáculos políticos significativos para gobernar, los resultados tangibles en áreas prioritarias como salud, educación, transporte público y combate a la inseguridad y corrupción no se han materializado según las expectativas generadas durante la campaña electoral.
Tradicionalmente, los gobiernos entrantes procuran cumplir sus principales compromisos electorales durante los primeros 24 meses de gestión, período en el cual mantienen su fortaleza política inicial, cuentan con pactos de gobernabilidad vigentes y no cargan con desgastes internos derivados de procesos electorales futuros. Sin embargo, la administración de Peña se ha caracterizado por un agresivo copamiento sectorial, decisiones controversiales y alianzas coyunturales basadas en intercambios de favoritismos políticos.
Las promesas incumplidas más evidentes son aquellas que la ciudadanía experimenta directamente en su vida cotidiana. El mandatario prometió precios bajos para productos básicos, pero recién después de dos años de gestión reaccionó ante el costo elevado de la canasta básica y los cortes de carne, manteniendo hasta entonces la protección al oligopolio de frigoríficos que fijan los precios. Su compromiso de garantizar seguridad en las calles tampoco se materializó, ya que la inseguridad continúa siendo un problema generalizado, mientras que su plan “Chau Chespi” no logró reducir la presencia de adictos en espacios públicos.
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Los proyectos de infraestructura prometidos han enfrentado fracasos rotundos o implementaciones deficientes. El Tren de Cercanía fue completamente cancelado, mientras que la Reforma del Transporte Público permanece como un conjunto de intenciones políticas sin concreción práctica. En paralelo, se observa un crecimiento desproporcionado de las empresas vinculadas a sus antiguos socios del sector bancario, que pasaron de no tener participación en 2023 a ocupar el segundo lugar en la colocación de fondos del Instituto de Previsión Social, mediante modificaciones reglamentarias realizadas por “orden superior”.
Los 46 viajes internacionales realizados por el presidente fueron justificados con promesas de atraer inversiones extranjeras y abrir nuevos mercados, pero los capitales foráneos aún no han arribado al país, posiblemente disuadidos por la falta de previsibilidad jurídica. Programas emblemáticos como “Hambre Cero” presentan graves falencias y denuncias de corrupción que se investigan tímidamente, mientras que “Che Róga Porã” ha logrado construir menos de 100 viviendas sociales de 18.000 solicitudes recibidas.
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En materia de transparencia y lucha contra la corrupción, pese a convocar dos cumbres de poderes para proyectar una imagen de combate a este flagelo, cerró la Secretaría Nacional Anti Corrupción y mantuvo el “puenteo” a la Contraloría y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. La promesa de crear 500.000 empleos se encuentra lejos de cumplirse, con apenas 78.000 empleos generados según datos oficiales, mientras que en salud pública, a pesar de anunciar una inversión histórica de 500 millones de dólares, los hospitales públicos continúan deteriorándose sin insumos ni medicamentos adecuados.
Fuente: ABC Color