Concejales exigen al intendente Nenecho Rodríguez derogar resolución que permite administrar bonos municipales irregularmente.
La Junta Municipal de Asunción formalizó su pedido de derogación del reglamento de la Cuenta Única tras las observaciones de la Contraloría General de la República. Los ediles capitalinos emitieron un dictamen que emplaza al intendente Óscar Nenecho Rodríguez a eliminar la resolución 2424/2019 que reglamenta la ordenanza 175/18. La Contraloría calificó este mecanismo financiero como claramente ilegal para gobiernos municipales. Esta figura permite al alcalde administrar discrecionalmente recursos provenientes de bonos y aportes jubilatorios mediante una cuenta unificada.
La Comisión de Legislación aprobó el dictamen el miércoles pasado, estableciendo que la reglamentación vigente contradice las normativas presupuestarias municipales. El documento técnico señala que el alcance de la Cuenta Única incluye recursos del crédito público y recursos institucionales, configuración prohibida por la legislación nacional. Los concejales fundamentan su posición en los informes de la Contraloría que documentan irregularidades en el manejo de los fondos municipales. Esta decisión legislativa busca restablecer la legalidad en la administración financiera comunal.
El dictamen recomienda solicitar asistencia técnica al Ministerio de Economía y Finanzas para diseñar sistemas contables alternativos. Los ediles proponen implementar dinámicas administrativas que permitan una migración ordenada hacia mecanismos financieros acordes a los requerimientos municipales. Esta transición debe garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de las normativas vigentes. La asistencia del MEF resulta fundamental para establecer procesos y metodologías que aseguren la sostenibilidad del nuevo sistema de gestión financiera.
La Junta exigió la remisión de informes pormenorizados sobre la ejecución de fondos correspondientes a los bonos G6, G7, G8 y G9. Estos instrumentos financieros fueron emitidos entre 2020 y 2023 por montos significativos para financiar obras de infraestructura municipal. Los concejales demandan el uso de planillas de auditoría oficiales que permitan controlar el destino final de los recursos. La transparencia en la rendición de cuentas constituye un requisito indispensable para la legitimidad de las operaciones financieras municipales.
La solicitud de derogación responde al pedido formal de la Contraloría dirigido al ministro del Interior, Enrique Riera. El contralor Camilo Benítez envió el documento el 16 de mayo, señalando que la Cuenta Única viola prohibiciones expresas de la gestión presupuestaria municipal. El informe técnico establece que este mecanismo no está habilitado para gobiernos locales y contraviene la legislación financiera vigente. La intervención de la Contraloría confirma las irregularidades denunciadas por los concejales capitalinos.
El documento de Contraloría revela que la Intendencia redireccionó recursos de bonos para fines distintos a los declarados originalmente. Los bonos se emitieron declarando su destinación a gastos de capital y obras de infraestructura específicas, pero los recursos se utilizaron para otros propósitos. Esta práctica contradice los compromisos asumidos al momento de la emisión y configura un desvío de fondos públicos. La utilización del mecanismo de Cuenta Única facilitó estas operaciones irregulares sin control legislativo adecuado.
La denuncia del desvío de 500.000 millones de guaraníes mantiene vigencia tras un año sin resolución definitiva. La Contraloría emitió un informe en julio de 2024 detallando el uso irregular de los bonos G8 y G9 para gastos corrientes. Estos recursos se destinaron a inversiones que no guardan relación con los fines declarados al momento de la emisión. El balance municipal no refleja la ubicación de estos fondos en las cuentas bancarias oficiales de la Comuna.
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Las operaciones contravienen el artículo 197 de la Ley Orgánica Municipal que prohíbe utilizar crédito público para gastos corrientes. También violan el artículo 8 de la ordenanza 175/18 que establece que solo los recursos institucionales pueden mantenerse en la Cuenta Única. La reglamentación municipal contradice estas disposiciones legales al incluir recursos del crédito público en el mecanismo unificado. Esta situación configura una jerarquía normativa invertida donde las reglamentaciones subordinadas contradicen las leyes superiores.
El concejal Álvaro Grau señaló que la reglamentación municipal es inconstitucional e ilegal por contradecir normativas de mayor rango. La Ley 1535 de Administración Financiera del Estado prohíbe expresamente utilizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes. Nenecho Rodríguez ha defendido el sistema argumentando que el dinero es volátil y puede utilizarse según las necesidades municipales. Esta justificación contradice los principios de transparencia y destinación específica que rigen las finanzas públicas municipales.
Fuente: Última Hora