El Departamento de Estado de EE. UU. advierte sobre retrocesos en la libertad de prensa en Paraguay y el uso político de la comisión garrote.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, correspondiente al 2024, donde identifica retrocesos en la libertad de expresión y prensa en Paraguay. El documento señala que el Congreso, bajo liderazgo oficialista, impulsó acciones que limitaron el debate público y ejercieron presión sobre críticos y medios de comunicación.
La evaluación del organismo norteamericano describe que, durante el gobierno de Santiago Peña, se emplearon amenazas y mecanismos legislativos para restringir la labor periodística y la actuación de organizaciones de la sociedad civil. Entre las medidas señaladas, destaca la actuación de la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como comisión garrote, integrada por miembros del partido de gobierno y aliados políticos.
Según el informe, esta comisión utilizó su posición para intimidar a opositores mediante acusaciones infundadas y amenazas de sanciones legislativas. También exigió información a ONG que ejecutaban proyectos con financiamiento internacional y filtró datos de periodistas y activistas, presentándolos como pruebas de supuesta corrupción.
El reporte indica que medios de comunicación afines al oficialismo replicaron acusaciones contra organizaciones civiles, contribuyendo a un clima de hostigamiento. Además, el Congreso promulgó una ley que, según el Departamento de Estado, consolidó el control gubernamental sobre el trabajo de la sociedad civil.
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El documento también menciona que se utilizaron leyes contra la difamación, calumnia e injuria para procesar o amenazar a periodistas que informaban sobre abusos de poder y corrupción. En paralelo, organizaciones no gubernamentales reportaron amenazas de grupos criminales contra la prensa, especialmente en zonas fronterizas con Brasil.
En materia de derechos humanos, el informe recoge que, entre enero y agosto de 2024, la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió 124 investigaciones por denuncias de tortura y otros abusos. Sin embargo, no se registraron condenas durante ese periodo.
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El reporte incluye observaciones sobre el rol del gobierno de Donald Trump en la elaboración de estos informes. La Radio Pública Nacional (NPR) reveló que, bajo nuevas directrices internas, se eliminaron secciones enteras sobre violencia de género y justicia ambiental, argumentando que no son exigencias explícitas de la ley estadounidense.
Con este panorama, el Departamento de Estado remarca la necesidad de proteger la libertad de expresión y la independencia de la prensa en Paraguay, advirtiendo que las actuales prácticas legislativas y políticas representan un retroceso en materia de derechos fundamentales.
Fuente: Última Hora