25 de febrero de 2026 – 05:00
Hace una semana se vivió una jornada que muchos describieron como apocalíptica: sin luz, sin agua, con un calor de 49°C de sensación térmica, caos vehicular, etc. Según el análisis técnico del consultor del sector eléctrico, Ing. Guillermo López Flores, lo que se evidenció fue la incapacidad de la infraestructura para asimilar una falla mecánica puntual y la necesidad urgente de un ente regulador independiente.
Alrededor de las 15:20, un colapso en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) dejó fuera de servicio las principales líneas de transmisión de 500kV y 220kV que parten desde la Itaipú Binacional. El apagón, que afectó al 90% del territorio paraguayo, no solo apagó los acondicionadores de aire en un día con una sensación térmica sofocante, de 49°C, sino también provocó el desabastecimiento de agua potable y un caos en el tránsito debido a la interrupción del servicio de los semáforos.
Según el análisis técnico del Ing. Guillermo López Flores, el incidente se originó efectivamente por una falla mecánica en una de las dos ternas de 500 kV. Sin embargo, el sistema contaba en ese momento con una capacidad remanente de 3.200 MW que debió sostener la carga. Lo que ocurrió, en palabras del especialista, fue una incapacidad de la infraestructura restante para asimilar el evento.
En un informe técnico, López Flores destaca que la segunda línea de 500 kV no falló por una sobrecarga térmica, sino debido a una “oscilación de potencia” o Power Swing. Los relés de protección de la ANDE, ajustados bajo criterios que el ingeniero califica como ultraconservadores, interpretaron erróneamente esta oscilación como una falla interna, provocando una desconexión automática innecesaria.
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A esto se sumó una inacción del esquema de alivio de carga (Load Shedding), que fue insuficiente o demasiado lento para sacrificar a sectores de la demanda y salvar la estabilidad del país.
Para López Flores la lógica operativa de la ANDE prioriza la integridad física de los activos, como transformadores y conductores, sobre la continuidad del suministro. Esta política de “blackout preventivo” ante escenarios de estrés es lo que finalmente dejó a millones de paraguayos sin servicio, añadió.
Según el diagnóstico del consultor, la raíz del problema es regulatoria, ya que Paraguay carece de un marco legal que separe el rol de operador del de fiscalizador. Al ser “juez y parte”, la ANDE define sus propios estándares y ajusta sus protecciones sin ninguna auditoría externa.
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“Al no existir multas por ‘energía no suministrada’ ni la obligación de indemnizar al sector productivo, no hay incentivos económicos para invertir en esquemas de protección más resilientes o en mantenimientos predictivos rigurosos”, asegura.
La diferencia con los países de la región es abismal. Mientras en Paraguay el evento se tilda de “fortuito”, en países como Brasil, Chile o Argentina las fallas sistémicas conllevan sanciones millonarias. Por ejemplo, en febrero de 2026, el regulador chileno (SEC) cursó multas por más de 21.000 millones de pesos contra empresas por un apagón similar: mientras que en Brasil, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) confirmó multas de 95,8 millones de reales por fallas graves. En Argentina, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) obliga a bonificar directamente a los usuarios por la “Energía no suministrada”.
Para evitar que esta situación se repita, el análisis de López Flores recomienda acciones estratégicas inmediatas, como transformar la red de 500 kV de una vulnerable “V” invertida a un triángulo robusto, que conecte Itaipú, Yacyretá y la Subestación Valenzuela.
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Asimismo, dice que urge gestionar con Brasil actualización de la conversora de Furnas/Iguazú a un esquema Back-to-Back, que permitiría recibir auxilio energético directo desde Brasil, eliminando la actual triangulación forzosa vía Argentina-Yacyretá.
Sin estos cambios estructurales, la confiabilidad del sistema seguirá siendo el principal obstáculo para las ambiciones tecnológicas del país, sostiene.
“La existencia de estos reguladores garantiza que un “error de ajuste” o un “mantenimiento deficiente” tenga un precio real para la empresa, incentivando la inversión en mejores esquemas de protección (como el Power Swing Blocking) al que hoy Paraguay carece de presión legal para implementar”, finalizó.