La Administración de Donald Trump ha demandado este viernes a la Universidad de Harvard por supuestamente violar los derechos civiles de personas judías e israelíes. La acción judicial supone una escalada en el enfrentamiento que el Gobierno ha mantenido durante un año con la institución, perteneciente a la prestigiosa Ivy League.
Ambas partes han protagonizado meses de desencuentros, entre amenazas de investigación por parte del Gobierno e intentos de imponer un acuerdo a la universidad, convertida en la diana perfecta y más representativa de la ofensiva de la Casa Blanca para reformar ideológicamente la educación superior en Estados Unidos. La pugna parecía haber alcanzado su máximo nivel el año pasado, cuando la Administración republicana amenazó a Harvard con retirar sus fondos federales para financiar programas de investigación. El intento de Washington fue bloqueado por un juez.
Ahora, mediante la demanda presentada este viernes por el Departamento de Justicia, las autoridades de Harvard se ven de nuevo contras las cuerdas, acusadas de no haber abordado manifestaciones de antisemitismo en el campus. La demanda constituye un pretexto para que el Gobierno congele las subvenciones vigentes y exija el reembolso de aquellas ya pagadas.
Yugular económicamente a Harvard, la universidad más rica del país pero que depende, como el resto de las universidades privadas, de fondos federales para sus costosos programas de investigación, no es empero el único objetivo de la Casa Blanca. Los republicanos han declarado la guerra a una educación superior que consideran liberal en extremo, y que quieren ahormar a su ideología, con exclusión de todo aquello que suene a woke y mediante la supresión de los criterios de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en sus siglas inglesas) vigentes en el proceso de admisión de las instituciones como forma de discriminación positiva.
Cualquier institución que Washington considere incurra en “intereses antiestadounidenses y anticonservadores” está en el punto de mira. Las entidades, entre las que están las más importantes del país, se han plantado sin embargo ante las exigencias de la Casa Blanca.
“Estados Unidos no puede tolerar ni tolerará estas deficiencias, y emprende esta acción para obligar a Harvard a cumplir” con la legislación federal de derechos civiles —escribe el Departamento de Justicia en la demanda, presentada en Massachusetts—, “así como para recuperar miles de millones de dólares en subsidios de los contribuyentes otorgados a una institución discriminatoria”, discriminación, se entiende, hacia estudiantes y profesores judíos.
“Cortina de humo”
En la prolongada contienda entre la Administración y la universidad, un juez federal dictaminó, sobre una demanda anterior, que el Gobierno estaba utilizando las acusaciones de antisemitismo como una “cortina de humo” para recortar la financiación de la universidad.
Desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha puesto en la mira a las universidades de élite —que, a su juicio, están dominadas por la ideología de izquierda y el antisemitismo—, congelando miles de millones en subvenciones para la investigación. El escrutinio reforzado sobre las listas de admisión de alumnos y la ofensiva migratoria, con cancelación de visados, redujo la llegada de estudiantes extranjeros a EE UU en un 20% en agosto.
El supuesto antisemitismo en los campus —supuestamente, en las manifestaciones a favor de Gaza y en demanda de un alto el fuego— fue en su inicio, en octubre de 2023 y sobre todo en la primavera de 2024, con una movilización que recorrió los campus estadounidenses, el señuelo perfecto para emprender el asalto a las universidades y lanzar una ofensiva generalizada contra la libertad de expresión.
Una campaña que ha dejado muchas víctimas por el camino, como por ejemplo el estudiante de posgrado de origen palestino Mahmud Jalil, que fue el primer detenido en un campus, el de Columbia, por liderar protestas propalestinas. Justo un año después de ser arrestado y encarcelado durante tres meses en un centro de detención del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), Khalil sigue luchando ante los tribunales para impedir que se ejecute la orden de deportación que pesa sobre él.
Esta misma semana, Leqaa Kordia, de 33 años, que también participó en manifestaciones cerca del campus de Columbia en contra de la guerra de Gaza, fue puesta en libertad tras permanecer más de un año bajo custodia en un centro de detención de Texas. Kordia alega que fue detenida por su activismo, mientras las autoridades lo atribuyen a los términos de su visa de estudiante, en teoría vencida.
Como Jalil y Kordia, al menos una veintena de estudiantes extranjeros, sin contar con los expulsados del país y aquellos a los que no se les ha concedido visado para estudiar en Estados Unidos, han sido víctimas del exceso de celo que la Administración republicana muestra siempre con su aliado, Israel. Pero un año después, con Gaza fuera de foco, enterrada bajo los escombros y también por la supuesta solución de Trump denominada Junta de Paz para Gaza, lo cierto es que la ambición de la Casa Blanca con respecto a las universidades va mucho más allá de unas acusaciones de antisemitismo.