12 de marzo de 2026 – 19:00
Constructoras agremiadas a Cavialpa, Capaco y Cámara de Consultores, se unieron para emitir un pronunciamiento conjunto dirigido al Gobierno. De nada sirve cumplir solo con la deuda externa mientras que en el país se sufre una suerte de “default selectivo interno”, alertaron. También advirtieron que inversores no ven solo el grado de inversión y crecimiento, sino también la seguridad jurídica.
“Paraguay no puede caer en un default interno”, afirmaron la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) y la Cámara Paraguaya de Consultores (CPC), en un comunicado que hoy se publica en la prensa.
Los gremios, que ya vienen alertando sobre obras paralizadas y empresas al borde de la quiebra debido a la deuda del Estado con sus contratistas, afirmaron que “Paraguay no puede aspirar a consolidarse como destino confiable para la inversión nacional y extranjera mientras incurre en una suerte de default selectivo sobre sus obligaciones internas”.
El mensaje para el Gobierno, que a través del Ministerio de Economía informó sobre la idea de recurrir al factoraje, fue claro: La inversión no depende solo de los indicadores macro, que son la foto de exportación.
Seguridad jurídica en la mira
“También evalúan la seguridad jurídica, la previsibilidad institucional y la infraestructura que permite operar y expandir proyectos productivos. Cuando el Estado incumple sus compromisos y debilita al sector que construye esa infraestructura, deteriora al mismo tiempo las bases reales del crecimiento económico”, señalaron en su nota.
Lea más: MEF descarta volver a elevar el tope fiscal para pagar deudas a contratistas
La cartera económica reiteró esta semana que no hay intención de volver a elevar el tope de déficit fiscal para pagar las deudas a sus contratistas (que además de obras, también están en el listado las del sector farmacéuticos y otros). Para este año se prevé regresar al -1,5% del PIB según indica el plan de convergencia.
Al respecto, los gremios de la construcción calificaron esa postura como una que “no resulta consistente con una política fiscal equilibrada”.
“Las metas fiscales deben lograrse mediante una revisión integral de la eficiencia del gasto público, evitando debilitar al sector productivo y convertir a las empresas que ejecutan infraestructura en financistas involuntarios del Estado”, subrayaron.
Deudas destruye empleo formal
Finalmente, alertaron que el impacto del incumplimiento estatal trasciende a las empresas constructoras, pues afecta a proveedores, destruye empleo formal, deteriora la cadena de pagos y compromete la continuidad de infraestructura estratégica para el desarrollo del país.
Lea más: Construcción y transporte caen en zona pesimista
Según los datos compartidos, el presupuesto de Obras Públicas para 2026 es US$ 570 millones, en contraste, solo las obras comprometidas para este mismo año están valuadas en US$ 800 millones, a lo que se suma la deuda acumulada (capital más intereses) de US$ 360 millones.
Es decir, se estima un déficit real de US$ 590 millones solo en los proyectos del Ministerio de Obras. Vale decir, sin considerar deudas pendientes de pago en concepto de certificados de avance de obras e intereses en Ministerio de Salud, la ANDE, Ministerio de Educación, Comité Olímpico, Secretaría de Deportes, IPS, ESSAP y otros.