A más de dos años del gobierno de Santiago Peña, la gestión de las empresas públicas empeoran, arrastrando pérdidas millonarias, como en el caso de Copaco, Petropar, INC y Fepasa, según las últimas auditorías realizadas al ejercicio 2024.
El exministro de Hacienda, Dionisio Borda, dijo sobre este panorama que las críticas y la reacción de la ciudadanía se justifican debido a los malos servicios que prestan las estatales, así como la falta de transparencia y de evaluación de los resultados anuales y la ausencia de planes y programaciones para los siguientes años.
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“Es hora de que las empresas públicas firmen con el Consejo Nacional de Empresas Públicas contratos de gestión y resultados y su correspondiente divulgación”, indicó.
Señaló que las publicaciones de los resultados de las auditorías externas correspondiente al 2024, hablan de pérdidas millonarias y que le llamó la atención qué instancia había determinado la realización de estas auditorías.
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Consejo Nacional de empresas públicas
Borda recordó que durante el gobierno de Fernando Lugo se elaboró el anteproyecto que crearía el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), que se aprobó en el Congreso y, en setiembre de 2013, se promulgó la Ley 5058 y la ley empezó a funcionar.
Agregó que esta instancia debía encargarse de establecer y coordinar la política nacional de administración integral de las empresas estatales, que a su criterio llenó un vacío para coordinar y controlar entidades autónomas con gestiones limitadas y poca transparencia.
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¿Sigue el CNEP vigente hasta ahora? se preguntó Borda y luego se respondió que, efectivamente, está operativo y que debe cumplir las funciones de asesoramiento, asistencia, soporte, apoyo técnico en elaboración y formulación de planes, programación, políticas y estrategias para la administración y gestión de los entes públicos.
Dijo que el consejo lo integran el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, con una dirección general de empresas públicas; el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez; y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.
“Pasaron ya dos gobiernos sin ocuparse del tema y este último tampoco se ocupa, pareciera que ni se reune ni ejerce sus funciones de acuerdo a la Ley 5058”, indicó.
Petropar es un caso emblemático
A su criterio, el caso de Petropar es emblemático por un procedimiento de “compra urgente”, prorrogada nueve veces sin dar explicaciones a la ciudadanía, que es una obligación de los entes públicos.
Sostuvo que la petrolera, sin ser una empresa privada, se da el lujo de extender el contrato a una firma catarí hasta el 28 de febrero de 2026, por unos 61 millones de dólares, y para peor, vuelve a realizar una compra urgente.
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“Es preocupante el manejo, tanto la tendencia a la baja del precio de los combustibles y la depreciación del dólar deberían reflejarse internamente en una disminución importante del precio de venta del combustible”, aseguró.
Afirmó que las entidades de control, como la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), aún no tiene dictámenes al respecto y el Congreso tampoco convoca al presidente de la empresa, Eddie Jara; a pesar de que la Contraloría General de la República adelanta un aumento sideral del patrimonio del titular de la estatal.
Sin planes ni rendición de cuentas
En cuanto a Essap, Copaco, INC, Fepasa y Capasa dijo que siguen sin planes, sin rediciones de cuentas y que al parecer les resbalan los reclamos. ¿Dónde está el CNEP, los controles y recomendaciones que la ley les obliga? insistió.
Con respecto a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), dijo que aparece con una propuesta de ajuste tarifario para los sectores electrointensivos e industrias para el año 2026.
“La propuesta de redistribución tarifaria sería de acuerdo a sectores de media tensión, alta tensión y muy alta tensión que representaría un adicional 95,3 millones de dólares por año, ya que requiere de 500 millones de dólares por año para mejorar el sistema de distribución de energía”, agregó.
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Señaló que Itaipú se había comprometido a transferir 300 millones de dólares por año a la estatal, pero no cumplió y se habla de una pérdida de energía de 21,9% que registró en 2024.
Borda refirió también que que según un experto retirado de la ANDE, la situación es bien compleja y que es “urgente una mejora en la rentabilidad y gestión para cubrir los costos e inversiones”, ya que la rentabilidad negativa va por cuatro años seguidos y menciona que “la carta orgánica exige un superávit de 8% para hacer frente a las inversiones por crecimiento del mercado, pero que desde el año 2000 no hubo incrementos tarifarios hasta 2017, año que tuvo un ajuste menor”.
Comprensiva reacción de la gente
Borda afirma que la ausencia de una planificación a mediano y largo plazo genera una comprensiva reacción de la gente, en el país de las dos binacionales que entregan energías limpias a los dos vecinos contrapartes.
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Es el momento que el Consejo Nacional de Empresas Públicas reaccione y presente opciones frente a las crisis de las empresas estatales considerando los problemas de corto, mediano y largo plazo, manifestó Borda.
“Lamentablemente, los criterios políticos se anteponen a los criterios técnicos y por consiguiente se traduce en malos servicios públicos”, puntualizó el exministro de Hacienda.