La denuncia de Giuzzio contra Cartes fue rechazada por la Fiscalía, basándose en “informes” de Contraloría, SET y Aduanas sobre su patrimonio.
El Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia presentada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República Horacio Cartes. El pedido fue presentado el pasado 6 de junio, aunque recién fue difundido públicamente en la jornada del viernes. En la causa se investigaba al exmandatario por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando de cigarrillos.
La resolución fue firmada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, quienes consideraron que “no existen elementos que permitan concluir en forma positiva sobre la existencia del hecho y la participación de los denunciados”. La base del dictamen fiscal fue un conjunto de informes proporcionados por la Contraloría General de la República, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas.
En la denuncia, Giuzzio apuntó a un crecimiento patrimonial irregular de Cartes durante su gobierno (2013-2018), atribuyéndolo a ingresos provenientes de la Tabacalera del Este S.A. (TABESA). Mencionó además préstamos millonarios y omisiones en las declaraciones juradas, junto a sospechas de ingresos ilícitos relacionados al contrabando de cigarrillos a países como Brasil, Argentina, Colombia y México.
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El dictamen fiscal indica que la Contraloría detectó “correspondencia en la evolución patrimonial” del exjefe de Estado, y que incluso los bienes omitidos como una offshore en Panamá fueron posteriormente declarados. Se concluyó que los movimientos financieros de Cartes tendrían origen en “fuentes lícitas y trazables”.
Sobre las sospechas de contrabando y lavado, se argumentó que, conforme a informes oficiales, las empresas involucradas no registran sumarios ni tributos pendientes ante la SET ni la Aduana. Según los documentos, Tabesa y sus asociadas han cumplido con las obligaciones fiscales vigentes.
La documentación oficial presenta un escenario donde las evidencias internacionales de actividades ilícitas quedan relegadas frente a la regularidad fiscal doméstica.
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La Contraloría, la SET y Aduanas proporcionaron informes coincidentes que desestiman los indicios de irregularidades, construyendo un blindaje técnico que facilita la solicitud fiscal de desestimación sin profundizar en las inconsistencias señaladas originalmente.
La solicitud de archivo representa un desenlace previsible en un sistema donde la coordinación institucional prevalece sobre la investigación rigurosa de denuncias contra figuras políticas prominentes. El caso Cartes ilustra cómo los organismos de control pueden funcionar como mecanismos de legitimación cuando los intereses políticos requieren respaldo técnico para neutralizar investigaciones comprometedoras, consolidando un esquema de impunidad institucionalizada.
Fuente: ABC Color