Investigación muestra que la creación acelerada de municipios facilitó el control territorial del crimen en la zona roja.
En los últimos 20 años, Paraguay ha creado 36 nuevos municipios, pasando de 227 a 263, en un proceso conocido como “distritar”. Lo más notable es que 16 de estos nuevos territorios, casi la mitad, se concentran en la denominada “zona roja”, que incluye Amambay, Canindeyú y Concepción. Esta región es conocida por tener los más altos índices de violencia y presencia del crimen organizado, según datos de la Fiscalía y la SENAD.
La creación de estos municipios ha estado salpicada de irregularidades, con proyectos de ley que a menudo incumplen los requisitos legales, como el de tener un mínimo de 10.000 habitantes (o 5.000 antes de 2010). Un análisis demostró que en 12 de los 16 nuevos municipios de la zona roja, este requisito de población no fue respetado.
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El municipio de Maracaná (Canindeyú), uno de los más pobres del país con el 37% de su población bajo la línea de pobreza, es un claro ejemplo de la problemática. Ante la difícil subsistencia, la necesidad ha convertido el negocio de la marihuana en la principal fuente de ingreso. El intendente José Cantero explicó que un kilo de mandioca se vende a G. 250 (0,003 USD), mientras que la marihuana se vende por hasta G. 100.000 (14,2 USD) el kilo.
El campesino Don Vidal afirmó que “la mayoría de la población de Maracaná se dedica a la producción de marihuana”, un proceso que se ha normalizado. Don Vidal denunció que políticos locales están involucrados, llevando bolsas de marihuana a los hogares para el proceso de despalitaje con la promesa de evitar la persecución. Imágenes satelitales revelaron un aumento de las plantaciones de cannabis entre el año de creación del municipio (2016) y 2020.
La infiltración del crimen organizado y el control territorial
Paraguay es el cuarto país con mayor presencia del crimen organizado en el mundo. La creación de nuevos municipios, especialmente en la zona limítrofe con Brasil (sede de organizaciones como el PCC), ofrece un escenario ideal para que los actores criminales refuercen su control territorial. El investigador Marcello Lachi explicó que fragmentar el territorio facilita el control y la victoria en elecciones locales con menos dinero.
El periodista Andrés Colmán Gutiérrez resumió la situación de los funcionarios en la zona roja: “Es silencio, plata o plomo”. El crimen organizado se ha infiltrado en todos los niveles, desde concejales hasta diputados. Ocho de los 36 municipios creados en las últimas dos décadas fueron impulsados por diputados con sospechas de tener vínculos con el crimen organizado, como Cristina Villalba, Magdaleno Silva (asesinado en 2015), Freddy D’Ecclesis y Carlos Maggi.
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La creación de municipios es impulsada por motivaciones políticas, como la creación de cargos administrativos y electivos para reforzar el sistema clientelar de partidos como la ANR. Sin embargo, la estrategia criminal es clara: el control de un intendente es el “menos costoso y más fácil de obtener” entre los cargos institucionales, según Marcello Lachi.
Los casos de Zanja Pyta y Cerro Corá (desprendidos de Pedro Juan Caballero) ilustran la mezcla de intereses. En Cerro Corá, la ANR ganó un nuevo territorio con 7 de 9 bancas en la Junta Municipal. En Sargento José Félix López, desmantelado el mayor invernadero de marihuana, los tres intendentes desde su creación están procesados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Pobreza extrema y ausencia de servicios básicos
Los argumentos para la “distritación” han sido la independencia y autonomía para localidades olvidadas. Sin embargo, la realidad es que muchos de estos nuevos distritos son los más pobres del país. De los 10 municipios más pobres, la mitad fue creada después de 2010. La alta dependencia de transferencias estatales (en promedio 68% de sus ingresos) evidencia su débil sostenibilidad económica.
Además de la pobreza, la precariedad de los servicios es un problema grave. En Maracaná, las Unidades de Salud Familiar operan solo de 7:00 a 13:00. Para casos complejos, los habitantes deben viajar 75 kilómetros por caminos intransitables, donde “es común que los enfermos o incluso las mujeres embarazadas fallezcan por el camino”.
El sociólogo Carlos Peris advierte que el desbloqueo de listas aumenta la necesidad de financiación extra para los candidatos, impulsándolos a recurrir al narcotráfico. La fragmentación territorial, aunque en teoría busca la autonomía, termina siendo una solución para actores criminales que buscan expandirse y sustituir al Estado en el territorio. Don Vidal concluye que la seguridad colectiva solo se logrará con salud, educación, tierra y crédito barato, no con la corrupción policial que está “toda metida en el negocio de la marihuana”.
La situación de Maracaná y de otros municipios muestra cómo la combinación de necesidad, débil institucionalidad y expansión criminal genera un entorno propicio para que la distritación sea utilizada con fines distintos a los prometidos. Aunque la creación de nuevos municipios se plantea como una vía para mejorar la calidad de vida, la evidencia indica que, en zonas de alta vulnerabilidad, los intereses políticos y criminales terminan condicionando los resultados. En estos territorios, la fragmentación administrativa no ha resuelto los problemas estructurales y, en muchos casos, los ha profundizado.
Fuente: Investigación de Nastasja Görzen y Lucas Boh para Conectas