09 de diciembre de 2025 – 18:05

Ocho meses después de la denuncia por la desaparición de costosas piezas de un equipo de braquiterapia en el Incan, la investigación del Ministerio Público sigue estancada, sin imputados, igual que el sumario interno. Los pacientes exigen avances, mientras se teme que la causa “termine en la nada”, pese a la presión de los pacientes y la Cámara de Diputados.

Tras ocho meses de la denuncia realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) por la desaparición de costosas piezas del equipo de braquiterapia del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), la investigación que inició el Ministerio Público sigue estancada. Tampoco se sancionó a nadie dentro del Incan. Mientras, unos 200 pacientes diarios dependen de una sola máquina, que no da abasto.

Pacientes con cáncer y sus familiares urgieron avances concretos en la investigación. El desmantelamiento del equipo con fuente de iridio se concretó en julio del 2024, durante la gestión del doctor Raúl Doria al frente de la Dirección General del Incan, con la aprobación de María Teresa Barán, ministra de Salud.

En su momento, el entonces director Doria justificó la decisión alegando que el Incan pasaría a utilizar tratamientos menos invasivos y que el equipo, valorado en unos G. 1.000 millones, sería donado a un servicio del interior del país.

Braquiterapia Incan
Actualmente, el Incan dispone de un solo equipo de braquiterapia.

Un mes después, Doria presentó su renuncia ante la presión de los pacientes que cuestionaban severamente sus decisiones. En su reemplazo fue nombrada la doctora Jabibi Noguera, quien prometió la pronta reactivación del servicio. No obstante, en febrero de este año, se constató que varios componentes esenciales habían desaparecido, dejando el aparato inutilizable.

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Una investigación de ocho meses “que terminará en la nada”, temen pacientes

Gustavo Irala, responsable de la Dirección Jurídica de Salud Pública, indicó a ABC que la causa penal N° 5056/2025 sigue en etapa investigativa.

“La Fiscalía realizó varias diligencias, como ser testificales, informes y agregación de documentos sobre el equipo. A la fecha no tenemos información sobre la imputación de alguna persona”, afirmó Irala.

La frustración entre los afectados es palpable. Juana Moreno, vocera de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa), criticó la inacción del sistema desde hace ocho meses. La denuncia ante la Fiscalía fue presentada en abril pasado. “Lamentablemente todo apunta a que terminará en la nada”, cuestionó.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, junto al presidente del IPS, Jorge Brítez (i) y Raúl Doria (d) titular del INCAN.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, junto a Raúl Doria, exdirector del Incan.

Moreno resaltó el daño potencial causado por esta pérdida, indicando que “ese equipo se podría estar utilizando en Encarnación, por ejemplo, ya que allí hay una oncóloga radiante que conoce su manejo. Es un equipo que hoy podría servir a muchos pacientes”.

Desde Apacfa denuncian que pese a la insistencia de los pacientes, no hay avances en la investigación para conocer el destino de las piezas.

La Cámara de Diputados se sumó al reclamo

La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para reiterar el pedido de informes al Ministerio de Salud sobre la desaparición de las partes del equipo de braquiterapia. La resolución otorga un plazo de quince días hábiles para la remisión de la documentación.

El desmantelamiento del equipo tiene consecuencias directas y graves: unos 200 pacientes requieren de este equipo en el Incan, que actualmente solo dispone de una sola máquina en funcionamiento, alargando los tiempos de espera y la angustia de quienes luchan contra la enfermedad.

Solicitud de informe realizado por la Cámara de Diputados en relación al equipo de braquiterapia del Incan del que se perdieron piezas.
Solicitud de informe realizado por la Cámara de Diputados en relación al equipo de braquiterapia del Incan del que se perdieron piezas.

Mientras las autoridades se envían informes y la investigación penal permanece en etapa preliminar tras ocho meses, los pacientes oncológicos continúan pagando el precio de una mala decisión administrativa y cadena de negligencias que dejó inutilizable un recurso médico vital.

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