Deberíamos buscar un término para definir lo que magnates tecnológicos como Pável Dúrov o Elon Musk están intentando hacer en España (y en otros países). No queremos llamarlo injerencia porque eso se le atribuye a estados, pero, ¿cómo llamamos a la presión política directa que viene de compañías internacionales que, en ocasiones, tienen un valor de mercado superior al PIB de la mayoría de países? ¿Qué hacemos cuando usan su acceso privilegiado a esas aplicaciones, que utilizan un gran porcentaje de ciudadanos, y los obligan a consumir su opinión? Cuando los magnates de la tecnología la ponen al servicio de sus propios intereses y tratan de moldear de manera directa e indirecta la conversación pública, entonces igual hay que plantearse que alguna influencia pueden tener en los asuntos internos de un Estado.
Los CEO de Telegram y X pueden tener opinión, faltaría más, y expresarla públicamente, incluso en forma de emoji de caca hacia el presidente español o hacia cualquier otro dirigente. El problema no es ese. El problema es la utilización de las estructuras de comunicación masiva de sus plataformas para que le lleguen a todos los usuarios de un país, también a los que no están interesados en su opinión ni la han buscado: desde la utilización del chat de soporte de Telegram por parte de Pável Dúrov para expresar su opinión sobre las medidas anunciadas por el Gobierno, al hecho de que cada vez que abres X lo primero que ves es un tuit de Elon Musk. Esto no es la primera vez que ocurre ni pasa solo en España.
En 2021, cada vez que un australiano iba a buscar algo en Google, se topaba con un banner de la propia compañía en que explicaba por qué estaban en contra de la legislación que pretendía aprobar el Gobierno de Australia para obligar a las plataformas a pagar por el contenido periodístico que usaban. En 2023, Google y YouTube, entre otros, consiguieron tumbar el Proyecto de Ley de las Fake News propuesto por el Gobierno de Brasil gracias a una agresiva campaña de lobby que incluía banners publicitarios en sus propios buscadores rechazando el proyecto. Este modus operandi no siempre está en contra del Gobierno de turno. En enero de 2025, los usuarios estadounidenses que accedían a TikTok se encontraban con un mensaje que avisaba de que la red social había sido prohibida por ley en EE UU. Ese mensaje también decía que “afortunadamente el presidente Trump” ya había dicho que reinstauraría TikTok una vez tomase posesión. Dos días después, TikTok volvía a estar disponible en el país gracias a una orden ejecutiva de Trump.
Podemos pensar que es legítimo que las plataformas utilicen sus propios sistemas como altavoz de defensa de sus ideas siempre que lo hagan de manera transparente y sin manipulación algorítmica. Pero estas intromisiones directas en las decisiones legislativas de un país aparecen cuando se pretende regular el ecosistema digital: no tienen un interés público, sino un interés privado. Mensajes como el del fundador de Telegram alentando a los españoles a luchar por sus derechos para que nuestro país no se convierta en un “Estado de vigilancia” no parten del buenismo de las grandes tecnológicas, sino de un interés de negocio y un rechazo a cualquiera que intente legislarles. Si bien esto no quiere decir necesariamente que los planes anunciados por el Gobierno sean adecuados o que los peligros que plantean Dúrov y Musk sobre ellos no tengan base.
Solo conocemos el anuncio de las medidas y es difícil valorar legislación sin texto legal, pero es comprensible que la idea de prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales plantee tantas esperanzas como recelos. Ni una medida que pretende proteger a los menores puede convertirse de facto en el fin del anonimato en internet o en un mecanismo de control por parte del Estado para saber quién y quién no tiene un perfil en redes; ni las plataformas pueden ser por sí solas las garantes de este cumplimiento si esto les lleva a recopilar y procesar datos sensibles de todos sus usuarios, especialmente si son menores. Prohibir el acceso a menores es una de las posibles medidas, pero no la única. Los menores y todos los españoles necesitamos mucha más formación para afrontar las amenazas en internet, para cultivar el sentido crítico y la alfabetización mediática. La escuela y el hogar son espacios adecuados para tener este tipo de conversaciones y las administraciones pueden favorecerlas, empezando por incluir oficialmente estos temas como competencias transversales en el currículo educativo. A día de hoy, esto no ocurre de manera sistémica.
Sería fútil pensar que solo los magnates tecnológicos están intentando influir en la toma de decisiones legislativas sobre el espacio digital en otros países. Esta semana se ha publicado un informe del Congreso de EE UU en el que se acusa a la Unión Europea de llevar 10 años censurando el “contenido americano”. El informe, en realidad, es una crítica frontal a la legislación Europea sobre grandes plataformas, más en concreto, la Ley de Servicios Digitales.
Como parte de ese informe se adjuntan centenares de comunicaciones entre las grandes plataformas, la Comisión Europea, y las organizaciones de la sociedad civil (entre ellas la Fundación Maldita.es) en el marco del Código de Conducta sobre desinformación de la UE. En esas conversaciones se debaten medidas para proteger a la ciudadanía europea de los riesgos sistémicos de dichas plataformas en cuanto a integridad electoral, salud o protección de menores. Medidas con las que las plataformas estaban de acuerdo hasta el día en que Trump tomó posesión.
La soberanía de los Estados democráticos está siendo cuestionada por terceros que quieren hacernos creer que somos Bielorrusia. Nuestra democracia tiene sus defectos, muchos, pero no somos ni Bielorrusia, ni El Salvador, ni Corea del Norte. Tampoco Hungría. En este país habrá elecciones libres en 2027 (si no antes) y el Gobierno entrante tendrá que lidiar con los mismos problemas que el actual en lo que a soberanía digital se refiere. Para los magnates tecnológicos esto no va de qué políticas digitales concretas se adoptan en Europa o en España, sino de cuestionar que los Gobiernos democráticos tengan legitimidad para ponerle reglas a internet con el fin de proteger a la ciudadanía. Y esas personas, por ser dueños de una tecnología que usamos todos, tienen una influencia directa en el grado de libertad con el que formamos nuestras opiniones o con el que decidimos nuestro voto en esas elecciones. A eso es a lo que tenemos que poner nombre y atención cuanto antes.