El pasado 2 de febrero, a las 8:15, tuvo mesa de entrada en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la acción de inconstitucionalidad promovida por la intendenta de Quyquhó Patricia Corvalán, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego, contra la “interpretación y aplicación extensiva” del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 5376/2014.
La acusada de lesión de confianza y administración en provecho propio por una supuesta “tragada” de G. 1.100 millones en la Municipalidad de Quyquyhó argumenta, en el escrito de la acción promovida, que dicha normativa equipara un mandato municipal incompleto y de origen extraordinario, ejercido para completar un periodo vacante por renuncia del intendente titular, con un periodo constitucional completo.
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Es decir, la intención de Patricia Corvalán es que la máxima instancia judicial la habilite para inscribir su candidatura y buscar el rekutú como intendenta del distrito de Paraguarí, cargo en el que ya estuvo por dos períodos.
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Corvalán solicita a la Sala Constitucional que a través de una medida cautelar de urgencia disponga su habilitación provisoria para inscribirse como precandidata y candidata, tanto en las internas del Partido Colorado como ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Alega que dicha disposición es para “evitar un daño constitucional grave, actual e irreparable, y garantizar la tutela judicial efectiva”.
Dos periodos como intendenta de Quyquyho
Patricia Corvalán asumió como intendenta de Quyquyho en abril de 2018, tras ser electa en marzo de ese año en reemplazó de su esposo Esteban Samaniego, quien renunció al cargo en el Ejecutivo municipal para postularse a la Cámara de Diputados. Es decir, la misma completó el periodo iniciado por el ahora diputado cartista, hasta el 2021, en atención a que dicho periodo de mandato se extendió por un año debido a la pandemia por covid 19.
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Para el siguiente periodo Corvalán se postuló como candidata, buscando el rekutú, y fue electa como intendenta de Quyquyho para el periodo 2021 – 2026, mandato que actualmente está cumpliendo con una acusación a cuestas, por hechos de corrupción durante su gestión en el primer periodo.
En su acción de inconstitucionalidad, Corvalán señala que la “interpretación y aplicación extensiva” del artículo 257 del Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 5376/2014, lesiona de manera directa sus derechos políticos, particularmente el derecho a ser electa, consagrado en el Artículo 118 de la Constitución Nacional, según resalta parte del escrito presentado.
El Art. 257 del Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 5376/2014, establece que “el intendente podrá ser electo por el voto popular por una sola vez, consecutiva o alternada. Si se postula para la reelección en el periodo siguiente al de su mandato, deberá renunciar al cargo seis meses antes de la fecha establecida para las elecciones”.
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Sobre el punto Corvalán señala que la acción planteada no se dirige contra la norma en abstracto, sino contra su aplicación concreta y extensiva, que resulta contraria a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales sobre igualdad de género y derechos políticos de las mujeres.
Chicanean preliminar hace más de un año
El diciembre de 2024 el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca presentó acusación contra la madre y la esposa del diputado Esteban Samaniego, por la supuesta comisión de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero, por el desvío de G. 1.100 millones durante la gestión del ahora legislador cartista como intendente de Quyquyhó.
La acusación por administración en provecho propio y lavado de dinero es contra la intendenta Patricia Corvalán, Manuel Olazar, Andrés Alfredo Arrúa Brítez y Blanca Álvarez viuda de Samaniego.
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También están acusados por el mismo hecho punibles, además de una supuesta asociación criminal: Enrique Javier Lovera Lezcano, Guido Ramón Vargas Gaete, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros, Líder Catalino Ramírez Ramírez y Pedro Osvaldo Ettiene Villanueva.
Por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, mientras que por administración en provecho propio fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
Hasta ahora la audiencia preliminar, para resolver si los acusados van a juicio oral como pide el Ministerio Público, no se ha podido llevar a cabo por diversos recursos dilatorios planteados por las defensas; mientras que el proceso para el diputado Esteban Samaniego está paralizado, debido a que sus colegas siguen sin dar tratamiento a los cuatro pedidos de desafuero y dos urgimientos que están desde el 2019 en la Cámara Baja.
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