Intendenta Mirtha Fernández busca permiso laboral como medida alternativa tras ser denunciada por obras fantasma que costaron G. 300 millones al municipio.
La intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, solicita permiso laboral como medida alternativa para continuar ejerciendo su cargo tras ser denunciada por presunto fraude. La funcionaria pretende seguir dirigiendo la municipalidad mientras enfrenta investigaciones por obras fantasma financiadas con recursos del Fonacide que habrían causado un perjuicio de G. 300 millones al erario público.
Las investigaciones revelan que múltiples obras fueron pagadas pero nunca ejecutadas o quedaron inconclusas. El caso más emblemático involucra un supuesto empedrado hacia Piribebuy que aparece en documentos oficiales pero en la realidad es un lodazal intransitable. Esta vía conecta con instituciones educativas y servicios esenciales de la Colonia Piraretá, dejando a la comunidad sin acceso adecuado.
El camino fraudulento conduce a la Escuela Graduada 453 Doña Isabel Llamosa de Vázquez y al Colegio Nacional Piraretá. La ruta también conecta con una iglesia y centro de salud local, convirtiendo el engaño en un problema que afecta directamente a estudiantes, pacientes y feligreses que deben transitar por el lodazal presentado oficialmente como empedrado terminado.
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La documentación oficial sostiene que se utilizaron recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo para financiar proyectos inexistentes. Los investigadores determinaron que se emplearon documentos con contenido presuntamente falso para justificar los desembolsos millonarios. La modalidad del fraude habría consistido en crear contratos ficticios con empresas que nunca ejecutaron las obras contratadas.
Uno de los contratos cuestionados corresponde al número 01/2021, firmado el 11 de febrero de 2022. La intendencia adjudicó por contratación directa una obra de empedrado a La Constructora O.R., representada por Óscar Rodas. El proyecto aparecía incluido en el Plan Anual de Contrataciones bajo el ID 405.685, específicamente para el acceso a la Escuela Básica 2246 Santa Catalina.
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La estrategia de la intendenta de solicitar permiso laboral como medida alternativa genera controversia entre los vecinos y opositores políticos. Los críticos señalan que permitir que continúe en funciones mientras se investiga el presunto desvío de fondos públicos constituiría una burla al sistema judicial y a los contribuyentes afectados por la falta de infraestructura prometida.
El caso expone las deficiencias en los controles municipales y la facilidad con que funcionarios pueden desviar recursos destinados a obras de infraestructura básica. La comunidad de Valenzuela aguarda que la justicia actúe con celeridad para evitar que se perpetúen este tipo de maniobras que perjudican el desarrollo local y la calidad de vida de los habitantes.
Por RDN