El Gobierno israelí ha anunciado este martes que detendrá a partir de enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza, retirándoles sus licencias. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha justificado la decisión señalando que los empleados de esas organizaciones “estuvieron involucrados en actividades terroristas”. Entre las ONG afectadas está Médicos Sin Fronteras (MSF).
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció el veto, una decisión que es fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía para registrarse información sobre sus trabajadores, entre otros requisitos.
El Ministerio informa de que un 15% de las organizaciones —las afectadas por el veto, aunque no detalla cuántas— no entregaron a las autoridades israelíes “información completa y verificable sobre sus empleados”. En el caso de MSF, advierte de que “personas afiliadas” a esta ONG estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas “como la Yihad Islámica y Hamás”.
Israel introdujo el nuevo sistema de registro de las ONG internacionales en marzo de 2025 y fue entonces criticado por la ONU, que denunció que se basaba en “criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados” que las organizaciones humanitarias no podían cumplir sin violar obligaciones jurídicas internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales.
Además de detallar los nombres de todos sus trabajadores, Israel estipulaba como motivos para denegar el permiso para operar en los territorios palestinos negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, promover campañas de deslegitimación contra Israel, instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales.
En su comunicado, el Ministerio de la Diáspora informa de que las organizaciones que no cumplan con “los estándares de seguridad y transparencia requeridos verán suspendidas sus licencias” y asegura que las medidas “no afectarán al flujo de asistencia humanitaria a Gaza” porque el veto afecta a “una pequeña fracción de la actividad humanitaria total”.
Indica que “revisiones de seguridad revelaron que empleados de ciertas organizaciones estuvieron involucrados en actividades terroristas” y detalla el caso de MSF, una organización que, añade, “no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones” de las personas supuestamente vinculadas con las organizaciones islamistas.
El ministerio israelí añade que el nuevo registro establece “requisitos claros de transparencia, que incluyen la divulgación completa del personal, las fuentes de financiación y las estructuras operativas”.
Las ONG, dice, ya fueron notificadas de que sus licencias se revocarán a partir del 1 de enero de 2026 y de que deben completar el cese de sus actividades antes del 1 de marzo.
El portavoz el Ministerio de Exteriores israelí, Oren Marmorstein, publicó un mensaje en su cuenta de X afirmando que la inscripción de las ONG continúa abierta, que las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas.
“Consecuencias devastadoras”
MSF ha afirmado este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias.
En un comunicado, ha subrayado que si tienen que retirarse habría “consecuencias devastadoras” para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20% de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
“Estamos buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania”, añadió la ONG.